El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián ha tomado una decisión unánime al aprobar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que limita la apertura de nuevos hoteles y pisos turísticos en la ciudad. Esta votación, que reunió a los 26 concejales presentes, se realizó en un clima de crítica hacia la legislación, especialmente por parte de los grupos Elkarrekin Donostia y EH Bildu, cuyas voces señalaron que “esta legislación llega tarde y no es suficiente”. Los concejales Víctor Lasa y Markel Ormazabal expresaron sus preocupaciones sobre la efectividad de la norma. En contraste, la consejera María Ubarretxena, responsable de Planificación Urbanística y Vivienda, destacó la importancia de esta modificación, considerándola de “gran trascendencia para Donostia”.
La reciente modificación del PGOU afecta a todos los tipos de hospedaje, con excepción de campings, agroturismos y casas rurales que pueden establecerse en suelo no urbanizable. Este cambio tiene como objetivo “blindar jurídicamente” la protección de las parcelas residenciales, asegurando que las zonas designadas para la construcción de viviendas no se vean afectadas por el alojamiento turístico. La modificación, que comenzó a ser elaborada en marzo de 2023 y fue aprobada inicialmente en 2024, busca regular el uso de hospedaje en consonancia con un modelo de turismo sostenible. Así, se pretende equilibrar la actividad económica con políticas de vivienda y la calidad de vida de los ciudadanos.
La nueva regulación establece dos áreas en la ciudad: la zona 1, identificada como saturada, donde se prohíben nuevos usos de hospedaje, y la zona 2, considerada no saturada, donde se permitirán bajo condiciones estrictas. En la zona 1, que incluye barrios como Antiguo-Ondarreta y Gros, la normativa establece una suspensión general debido a que el ratio supera las 10 plazas de hospedaje por cada 100 habitantes. En la zona 2, los nuevos usos de hospedaje podrán ser autorizados pero de manera controlada, a través de planes especiales. “Donostia no va a autorizar nuevas viviendas ni habitaciones de usos turísticos”, reiteró la consejera María Ubarretxena.
El concejal de Obras y Proyectos, Juantxo Marrero, defendió la medida en nombre del PSE, socio del gobierno municipal del PNV, afirmando que la modificación busca que la ciudad siga siendo un lugar habitable. Marrero subrayó que esta acción es una respuesta a la emergencia habitacional actual y que limita la transformación de parcelas residenciales en alojamientos turísticos. En su opinión, estas políticas son valientes y necesarias para asegurar un entorno urbano justo y accesible.
Desde el PP, la concejala Vanesa Vélez consideró que esta decisión es un avance hacia un turismo sostenible y que contribuirá a mejorar la convivencia entre ciudadanos y turistas. Sin embargo, a pesar de su apoyo a la normativa, tanto EH Bildu como Elkarrekin Donostia han manifestado su escepticismo. Según Markel Ormazabal, “llega tarde y no es suficiente”, resaltando que el proceso de turistificación ya ha afectado la dinámica vecinal en áreas como el Parte Vieja y Gros.
Víctor Lasa, por su parte, argumentó que la división de la ciudad en zonas no es la solución ideal y abogó por una regulación más integral que evite excepciones. A pesar de las críticas, ambos partidos entendieron que la legislación es necesaria y, por ello, apoyaron su aprobación. “Es obvio que esta legislación llega tarde, y no hace lo suficiente”, concluyó Lasa, enfatizando la necesidad de estas restricciones en la actualidad.
Con esta modificación del PGOU, Donostia se enfrenta a un desafío importante en la gestión del turismo y la vivienda. La legislación busca equilibrar el desarrollo económico con la protección del entorno y la calidad de vida de sus habitantes, en un momento en que la ciudad refleja tensiones entre la actividad turística y las necesidades residenciales. Esta nueva normativa marcará un hito en la planificación urbana y su implementación será crucial para el futuro del municipio.
