El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enfrenta una doble estrategia en un contexto político complicado. Por un lado, intenta manejar la crisis generada por el rechazo en el Congreso al decreto del escudo social, que incluía un aumento en las pensiones. Por otro, se apura en la cesión de nuevas competencias a Cataluña y al País Vasco, en un esfuerzo por recomponer su mayoría parlamentaria y asegurar la estabilidad de su mandato hasta 2027.
Desde Moncloa, se reconoce que la actual legislatura no puede mantenerse únicamente a base de grandes pactos, sino que requiere acuerdos parciales y cesiones estratégicas constantes. Las fuentes del Ejecutivo indican que su objetivo no es crear mayorías sólidas, sino ganar tiempo político mes a mes, mientras se preparan para las próximas elecciones generales.
El pasado martes, el Gobierno sufrió una derrota en el Parlamento cuando el decreto de pensiones fue rechazado por los votos en contra del PP, Junts, y Vox. Sin embargo, este contratiempo no ha alterado su plan, sino que lo ha fortalecido. En el Ejecutivo no se contempla la posibilidad de que los pensionistas dejen de recibir la revalorización prometida para febrero, y ya se trabaja en reformular la norma para volver a presentarla con ajustes mínimos, con el fin de evitar una crisis social más grave.
En lo que respecta al País Vasco, las negociaciones avanzan de manera fluida. Esta semana, Pedro Sánchez y el lehendakari Imanol Pradales acordaron en Moncloa un nuevo paquete de transferencias que incluirá la gestión de los aeropuertos vascos y competencias relacionadas con inmigración. Este acuerdo se prevé que se formalice antes de la Semana Santa, consolidando así la alianza con el PNV y demostrando que el Gobierno está cumpliendo con sus compromisos.
La situación con Cataluña es más incierta, ya que la relación con Junts atraviesa su momento más tenso desde el inicio de la legislatura. A pesar de esto, el Ejecutivo busca reconstruir la confianza mediante acciones concretas. Un aspecto clave en este proceso ha sido el acuerdo con Podemos para llevar a cabo una regularización extraordinaria de unos 500.000 inmigrantes, lo que eliminaría uno de los principales obstáculos para el traspaso de la competencia de inmigración a la Generalitat.
Fuentes de Moncloa informan que este proyecto será presentado nuevamente en el Congreso en las próximas semanas, aunque con modificaciones cosméticas para suavizar las partes más polémicas. El Gobierno confía en que esta vez obtendrá el apoyo necesario para desbloquear la transferencia.
Además, se están llevando a cabo otros esfuerzos para reconectar el diálogo con Junts, como la publicación de las balanzas fiscales y el impulso para el reconocimiento del catalán en la Unión Europea. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que busca reconstruir un intercambio político con el independentismo catalán, a pesar de que sus dirigentes afirmen que «no hay negociación».
La postura del Gobierno respecto al PP es clara; no se contempla ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo estructural con este partido, ni siquiera para cuestiones puntuales como el decreto sobre pensiones. Según fuentes cercanas a Pedro Sánchez, este tipo de pactos tendría un coste interno que no podrían asumir dentro de su frágil mayoría progresista. Así, la estrategia elegida es continuar con el paquete territorial que actúa como pegamento de una coalición cada vez más diversa y frágil.
En Moncloa, admiten que esta legislatura se caracteriza por una gestión defensiva. Sánchez no está gobernando para ampliar su proyecto político, sino para evitar su colapso. Las cesiones a Cataluña y al País Vasco no son simples gestos, sino el costo de ganar tiempo y mantener su mayoría hasta las elecciones de 2027.
