El consejero de Salud del País Vasco, Alberto Martínez, ha informado que se administraron 103 dosis de vacunas que estaban “realmente fuera de fecha de caducidad” a diversas personas, la mayoría bebés, salvo cinco adultos. Para asegurar la correcta inmunización de los afectados, todos recibirán una nueva vacunación “lo antes posible”.
Las vacunas en cuestión pertenecían a un lote cuya caducidad venció el 30 de noviembre, utilizándose un total de 253 dosis, aunque más de la mitad fueron administradas poco antes de que expirara la fecha. Martínez ha reconocido que Osakidetza cometió un “grave error” y está evaluando la necesidad de revacunar a los implicados.
El consejero ha explicado que este incidente se debió a “múltiples” fallos en los controles internos de Osakidetza, lo que llevó a no verificar la fecha de caducidad de las dosis de la vacuna hexavalente, que protege contra la difteria, el tétanos, la tosferina, la poliomielitis, la hepatitis B y el Haemophilus influenzae tipo B. Desde que se conoció el problema, Osakidetza ha comenzado a contactar con las familias implicadas.
Estas vacunas fueron adquiridas hace dos años y fueron administradas hasta el 13 de enero en 12 de las 13 organizaciones sanitarias integradas en la red pública del País Vasco. Martínez aseguró que la vacuna aplicada no causará efectos adversos en la salud de los vacunados.
Una investigación preliminar ha revelado que 150 personas recibieron la vacuna en noviembre, justo antes de que caducara, mientras que las 103 restantes fueron inoculadas después de esa fecha. De estas, 18 dosis fueron administradas a bebés de dos meses, 29 a lactantes de cuatro meses, 51 a niños de 11 años y cinco a adultos con edades entre 42 y 69 años. Este tipo de vacuna se aplica generalmente en dos dosis: una a los dos o cuatro meses y otra de refuerzo a los 11 meses, aunque también se utiliza en adultos con problemas inmunológicos.
La situación fue destapada por el grupo parlamentario EH Bildu, que el mismo día registró una iniciativa en la Cámara pidiendo explicaciones al consejero Martínez sobre el uso de las vacunas caducadas. La parlamentaria Rebeka Ubera mencionó que su formación tuvo conocimiento de estos hechos hace varios días y que el consejero le confirmó la información por teléfono. En una entrevista reciente, Ubera cuestionó qué medidas habría tomado el departamento si no se hubiera descubierto la situación: “Hemos hablado con algunas familias y nos dicen que [los responsables de Osakidetza] no se han puesto en contacto con ellas. Hay incertidumbre, no hay un criterio claro. ¿A qué está esperando la consejería para actuar?”
Un aviso de una enfermera de Errenteria el 15 de enero llevó a Osakidetza a investigar el asunto de inmediato. El servicio de salud está evaluando cómo pudo ocurrir esta situación a lo largo de toda la cadena de controles, desde el almacén distribuidor hasta los centros de salud que recibieron las dosis y por parte de las 50 enfermeras que las administraron. Martínez también aclaró que el fabricante no tiene responsabilidad en este incidente, atribuyendo los errores al “manejo interno” de los lotes. “Soy médico y, generalmente, miro la fecha de caducidad en la farmacia, pero a veces no lo hago. El error humano se ha multiplicado y vamos a investigarlo a fondo para garantizar el sistema”, afirmó el consejero.
Este caso pone de manifiesto la importancia de los controles en la administración de vacunas, especialmente en un contexto donde la confianza en los sistemas de salud es crucial. La situación actual requiere la atención inmediata de las autoridades para evitar que se repitan incidentes similares en el futuro.
