La consejera María Ubarretxena ha anunciado una reestructuración en el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. La jueza Inés Soria, quien ha trabajado como asesora penitenciaria desde julio de 2024, ampliará su rol para abordar asuntos que van más allá de la mera gestión de prisiones. Esta decisión se formalizó recientemente, con la publicación de su cese como responsable exclusiva en materia penitenciaria en el Boletín Oficial del País Vasco.
El Ejecutivo autonómico estableció la figura del asesor penitenciario en marzo de 2021, ante la transferencia de competencias en prisiones por parte del Gobierno central. La primera persona en ocupar este cargo fue el juez Jaime Tapia, designado por la entonces consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal. Tapia fue responsable de diseñar y poner en marcha el modelo penitenciario en la comunidad autónoma. Sin embargo, se jubiló en mayo de 2024, justo al inicio de una nueva legislatura donde se redistribuyeron las áreas de gestión, otorgando la cartera de Justicia al PSE-EE.
Tras la salida de Tapia, San José eligió a Soria, quien es jueza de primera instancia en Bilbao y tiene experiencia en justicia restaurativa. Aunque Soria tomó el relevo de Tapia, el nombramiento de Pablo María Martínez Larburu como director de Servicios Penitenciarios ha llevado a que algunas de las funciones de Soria se vean delegadas. Ante esta situación, el Gobierno Vasco ha decidido renombrar su cargo, reflejando mejor las responsabilidades que está asumiendo, las cuales no se limitan únicamente al ámbito penitenciario.
Este cambio responde a la necesidad de un enfoque más integral en la gestión de la justicia, permitiendo que la consejera María Ubarretxena y Soria puedan abordar una variedad de temas relacionados con el sistema judicial vasco. De esta manera, se busca una mejor adaptación a las demandas actuales y un desarrollo más eficiente de las políticas públicas en este ámbito. La inclusión de Soria en un rol más amplio es vista como una respuesta a la evolución de la justicia en el País Vasco, especialmente en el contexto de la justicia restaurativa y la reintegración social.
Por lo tanto, la ampliación de funciones de Inés Soria no solo representa un cambio de título, sino que también señala una evolución en el enfoque del Gobierno Vasco hacia la justicia y el bienestar social. Este paso se considera crucial para afrontar los retos que presenta el sistema penitenciario y garantizar que se alineen con las mejores prácticas en materia de derechos humanos y dignidad. La nueva dirección en la política departamental podría influir en la implementación de políticas más inclusivas y efectivas en el futuro.
La gestión de justicia en el País Vasco ha sido un tema de debate constante, especialmente en cómo se manejan las reformas y se implementan nuevas estrategias. Con este cambio, se espera que las futuras decisiones en el ámbito de la justicia sean más coordinadas y eficaces, beneficiando tanto a los profesionales del sector como a la población en general.
