Esta mañana, el barrio de Herrera en Donostia fue escenario de un desalojo que generó una sensación de tensión entre los residentes. Aproximadamente una treintena de jóvenes, en su mayoría en situación de exclusión social, habían estado viviendo en un pabellón industrial que había permanecido vacío durante años. Este lugar se había convertido en un refugio improvisado para personas de origen extranjero que no habían conseguido acceder a recursos habitacionales estables.
El desalojo, que se llevó a cabo bajo la vigilancia de la Ertzaintza, se asemeja a la situación vivida el pasado 4 de diciembre en el instituto de Martutene. En esta ocasión, al llegar la policía, muchos de los ocupantes ya habían abandonado el lugar, aunque algunos jóvenes se encontraban aún en las cercanías. Un joven marroquí, quien había pasado la noche en la nave, expresó su angustia: «Me siento fatal. Llevaba viviendo aquí desde hace unos meses. Me voy directamente a la calle y la verdad es que no sé dónde voy a dormir esta noche».
El pabellón, donde se hallaban cinco personas en el momento del desalojo, contaba con servicios básicos como agua y electricidad, lo que hacía que el abandono del lugar fuera aún más doloroso para sus inquilinos. A medida que avanzaba la operación, la policía comenzó a hacer anuncios por megafonía, instando a los ocupantes a salir de manera pacífica y ordenada. Estas advertencias se dieron en un contexto donde ya se habían desplegado varias patrullas y un dron sobrevolaba la zona, indicando la inminente llegada del operativo.
La situación en Herrera es parte de una problemática más amplia que afecta a unos 200 individuos que se encuentran en condiciones similares, repartidos en cinco edificios abandonados del área industrial que alberga la antigua fábrica de Zardoya Otis. La convivencia entre los diversos grupos que residen en estas instalaciones no ha sido sencilla, debido a las diferencias culturales y a la situación de exclusión severa que padecen.
El Ayuntamiento de Donostia ha decidido acelerar el proceso de desalojo, motivado por las preocupaciones expresadas por los vecinos respecto a los incidentes en la zona. Según el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, se está siguiendo un «itinerario» similar al utilizado en Martutene, donde se ofrecieron recursos a las personas desalojadas. Sin embargo, las organizaciones sociales que trabajan con estos colectivos han manifestado su desconfianza ante esta versión, señalando que no se han proporcionado suficientes alternativas habitacionales.
Las tensiones alrededor del desalojo fueron palpables, con manifestaciones de apoyo a los ocupantes por parte de colectivos sociales. A pesar de la actuación de la Ertzaintza, muchos de los jóvenes que habitaban el pabellón se mostraron desconcertados, preguntando en busca de soluciones: «¿Dónde puedo dormir hoy?», planteaba un ciudadano argelino a un agente.
Los esfuerzos del Gobierno Vasco y del Ayuntamiento no han sido suficientes para cubrir las necesidades habitacionales de los afectados. Existen varios centros en Donostia, como el Gaueko Aterpea de Zorroaga y la Abegi Etxea de Intxaurrondo, que suman un total de 234 plazas, pero las autoridades reconocen que la situación es compleja y que la disponibilidad de recursos es insuficiente. «Donostia es una ciudad solidaria, cumplimos lo que establece la ley», afirmaron desde el Ayuntamiento, al tiempo que hicieron un llamado urgente a la ayuda externa.
El desalojo en Herrera es solo un capítulo en una historia de desafíos habitacionales en Donostia, que refleja la creciente crisis de vivienda y la falta de recursos para aquellos que se encuentran en situaciones más vulnerables. Mientras se llevan a cabo los desalojos, la pregunta persiste: ¿qué alternativas reales se están ofreciendo a las personas que se ven forzadas a abandonar su hogar, aunque sea de manera temporal?
