El Gobierno Vasco ha afirmado que no subestima los recientes episodios de violencia callejera que se han producido en distintas ciudades del País Vasco y Navarra. Estos disturbios, que tuvieron lugar en octubre y noviembre de 2025, involucraron enfrentamientos entre grupos radicales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En particular, los incidentes se desencadenaron por la presencia de personas vinculadas a Vox, así como por la cobertura de un periodista.
La respuesta del Ejecutivo a una consulta realizada en el Senado por el parlamentario José Antonio Monago destaca que los actos de agresión política, protagonizados por grupos relacionados con la izquierda abertzale, indican una preocupante vuelta a la violencia organizada. Según Monago, los enfrentamientos en ciudades como Pamplona y Vitoria, donde se observaron centenares de encapuchados empleando tácticas de guerrilla urbana, evidencian un alto grado de planificación y coordinación, lo que va más allá de una simple protesta espontánea.
Desde la administración central se asegura que el Gobierno de España no minimiza estas acciones violentas, que incluyen no solo disturbios en el País Vasco y Navarra, sino también en otros puntos del país. En este contexto, se registraron graves incidentes el 29 de octubre en Pamplona, durante un acto de Vox en la Universidad de Navarra, que resultaron en la detención de dos personas por agresiones y desórdenes públicos, así como enfrentamientos con los antidisturbios.
El 1 de noviembre, en actos coordinados a través de redes sociales, se produjo un ataque violento en Pamplona que incluyó la quema de contenedores y agresiones a transeúntes en el Casco Viejo. En este caso, cuatro individuos vinculados a ‘taldes’ proetarras fueron arrestados enfrentando cargos de atentado y daños. Los disturbios en Vitoria y Bilbao también reflejan una tendencia similar en esos meses, con múltiples heridos y detenciones.
Ante esta situación, el Ejecutivo ha implementado la Instrucción 8/22, que actualiza el ‘Plan de actuación y coordinación policial frente a grupos violentos de carácter juvenil’. Esta normativa establece una clasificación de los grupos violentos, considerando su ideología y motivaciones, así como su grado de autonomía. Además, se han delineado medidas específicas para prevenir la aparición y consolidación de estos grupos, incluyendo la obligación de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad mantengan planes de seguimiento y operativos adecuados.
La coordinación de estos esfuerzos recae en la Dirección General de Coordinación y Estudios, así como en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco) del Ministerio del Interior. El Gobierno Vasco también participa en este esquema a través de la Junta de Seguridad del País Vasco, que regula la colaboración y los planes conjuntos de seguridad, en un esfuerzo por afrontar los retos que plantea la seguridad pública en la región.
Estos disturbios y la respuesta del Gobierno evidencian la complejidad de la situación política en el País Vasco, donde la tensión independentista ha resurgido en el contexto actual. A medida que se implementan nuevas directrices y se refuerzan las medidas de seguridad, será crucial observar cómo estos fenómenos impactan la convivencia democrática y la seguridad pública en la comunidad.
