El Gobierno Vasco ha decidido llevar a cabo una reforma de la ley de Servicios Sociales, que fue promulgada en 2008. La consejera María Ubarretxena, responsable del departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, ha argumentado que es fundamental actualizar esta norma para atender a las nuevas realidades sociales emergentes.
La necesidad de esta reforma surge tras una revisión exhaustiva del Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco, aprobado en 2015. Este decreto establece las bases para todas las ayudas sociales y, a lo largo del último año, se ha llevado a cabo un análisis detallado que ha involucrado a 225 personas. La directora del Órgano de Alta Inspección de Servicios Sociales, Lide Amilibia, ha destacado que, aunque el decreto ha mejorado el acceso a derechos sociales, aún queda un amplio margen para realizar mejoras significativas.
En declaraciones a Onda Vasca, Amilibia ha subrayado la importancia de que la ley refleje las nuevas necesidades de la sociedad. «Hay que adaptarse al envejecimiento de la población, y a otras cuestiones como la violencia machista, o los derechos que han ganado la infancia, la adolescencia y las personas con discapacidad», afirmó. En este sentido, ha puesto de relieve que desde 2008 ha habido cambios significativos que deben ser incorporados a la ley, como el tratamiento de las mujeres víctimas de violencia machista y las necesidades de atención para niños y personas con discapacidad.
El análisis también ha señalado la necesidad de implementar cambios profundos en la Ley de Servicios Sociales, con el objetivo de adaptarla a una población cada vez más envejecida y a nuevas demandas que han surgido en la última década. La revisión ha puesto de manifiesto la importancia de contar con una legislación que no solo responda a las necesidades actuales, sino que también sea capaz de anticiparse a futuras problemáticas sociales.
La flexibilidad en la prestación de servicios ha sido otro de los aspectos tratados en la revisión. Amilibia ha comentado que la actual tendencia a clasificar a las personas en categorías específicas puede limitar la efectividad de la ayuda. «Estamos compartimentando en todo momento. Solo metemos a las personas en una casilla y la realidad es diferente», explicó, haciendo hincapié en que las condiciones de vida de las personas son multifacéticas y requieren un enfoque más integral.
Además, se ha señalado la necesidad de aumentar la financiación destinada a los servicios sociales y de aprovechar las oportunidades que brinda la digitalización. La modernización de los servicios sociales es crucial para que estos puedan adaptarse adecuadamente a las diferentes realidades que afectan a la población actual.
La propuesta del Gobierno Vasco para reformar la ley de Servicios Sociales refleja un compromiso hacia la adaptación y la mejora continua de los sistemas de atención a la ciudadanía. Esta actualización no solo busca abordar las necesidades actuales, sino que también pretende garantizar un marco normativo que sea capaz de evolucionar con la sociedad. La intención es que la nueva legislación esté en sintonía con las transformaciones sociales y demográficas que enfrenta la comunidad. La reforma se presenta como una oportunidad para construir un sistema más inclusivo y equitativo para todos.
