Este miércoles, la Ertzaintza llevó a cabo el desalojo de los okupas en un edificio ubicado en el número 15 de la avenida de Elizatxo, en Irun. Esta acción es un paso necesario para facilitar la expropiación del inmueble, un proceso que se había acordado con el propietario. Alberto Blanco, descendiente de la familia que adquirió la vivienda en los años 30, expresó su alivio tras lo que él mismo describió como «la agonía» que ha implicado este largo proceso.
El inmueble había sido excluido del Plan General de Ordenación Urbana de 2015, lo que limitó las opciones del propietario. «Nos lo comunicaron en 2014. Ya no podíamos invertir en reformas ni vender la casa», relató Blanco. Desde entonces, se iniciaron conversaciones con el consistorio para concretar la expropiación, que no planteaba problemas iniciales. Sin embargo, con el paso del tiempo y ante la falta de acción, la situación se complicó.
A partir de 2020, comenzaron a surgir inconvenientes, como la ocupación del inmueble. «Entraba gente y teníamos que llamar a la policía, a la Ertzaintza», indicó Blanco. En 2023, se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento para proceder a la expropiación, aunque se estableció como condición que la vivienda debía estar libre de okupas. Este requisito resultó ser complicado de cumplir, ya que los okupas se negaban a abandonar el lugar.
La situación se tornó más compleja tras la muerte de su hermano y hermana, lo que provocó retrasos en el proceso de expropiación. «Cuando finalmente se completaron los trámites, en septiembre del año pasado, la situación en la vivienda había cambiado drásticamente. La Ertzaintza nos informó de que los okupas habían hecho morada y ya no podían ser desalojados sin una resolución judicial», añadió Alberto.
A lo largo de este complicado proceso, Blanco mencionó la dificultad para deshacerse de los okupas. «No sé cuántas veces he llamado a la Ertzaintza ni cuántas denuncias he presentado. He asistido a cuatro juicios, pero sé que ha habido otros que la Ertzaintza llevó al juzgado sin informarme», comentó.
Finalmente, el desalojo se consumó este miércoles, aunque la vivienda estaba vacía en el momento de la intervención. Con el edificio oficialmente desocupado, Alberto se reunió con el consistorio para acordar el calendario y las acciones relacionadas con la expropiación. Ante la oferta inicial de hasta 60 millones de pesetas (más de 360.000 euros), que luego fue desestimada, ahora el Ayuntamiento se queda con la propiedad por un precio significativamente menor. «Lo aceptamos, no nos importa con tal de acabar con esta agonía que llevamos años soportando», afirmó.
El impacto emocional fue evidente al ingresar en el inmueble. «Está destrozado a un nivel que no se puede ni explicar. Yo crecí en esta casa, viví en ella hasta que me casé. Verla así…», lamentó Alberto. Los daños comenzaron desde la primera ocupación, y cada grupo que entraba causaba más destrozos: «Las puertas, las ventanas… El estado en el que está ahora, la cantidad de basura y de suciedad…», concluyó.
