En Donostia, los concejales de EH Bildu, PSE y Elkarrekin Donostia han expresado su desacuerdo ante la decisión del consejo de Etxegintza de no ceder terrenos en la zona de El Infierno al Gobierno Vasco para la construcción de vivienda pública. La propuesta original contemplaba la edificación de viviendas sociales y protegidas en régimen de alquiler, manteniendo la titularidad pública del suelo. Sin embargo, al optar por la gestión privada, la posibilidad de construir viviendas sociales se vería comprometida, ya que solo se ofrecerían en venta las viviendas tasadas.
El concejal de EH Bildu, Ricardo Burutaran, ha lamentado que no se aprovechara la oportunidad para construir un número significativo de viviendas en alquiler, un aspecto que considera fundamental para abordar las necesidades actuales de la ciudadanía. «Es necesario dar respuesta a las necesidades,» afirmó, y añadió que los precios de una vivienda tasada pueden superar los 350.000 euros.
Desde el PSE, Ane Oyarbide ha denunciado la negativa del PNV y del PP a ceder las parcelas, lo que podría llevar a que una de ellas pasase a manos privadas, además de no permitir la construcción de vivienda pública en alquiler. Oyarbide recordó que la cesión a un promotor privado implicaría perder la propiedad pública del suelo, y resaltó que el Ayuntamiento deberá afrontar un coste de aproximadamente cuatro millones de euros.
La propuesta de los partidos de izquierda pretende que las parcelas se gestionen de forma pública y se ejecuten proyectos de viviendas de protección en colaboración con el Gobierno Vasco. Oyarbide criticó las decisiones de la derecha, que, a su juicio, perpetúan políticas de vivienda obsoletas. «Es una pena que no se haya considerado la propuesta de ceder los terrenos al Gobierno Vasco,» añadió.
El portavoz de Elkarrekin Donostia, Víctor Lasa, también arremetió contra la gestión del PNV, sugiriendo que han priorizado intereses privados sobre las necesidades de la ciudadanía. Lasa destacó que el grupo jeltzale no ha construido viviendas públicas en Donostia en sus tres legislaturas y cuestionó el impacto de su gestión en los precios de la vivienda y la capacidad de los jóvenes para residir en la ciudad.
En respuesta a las críticas, el alcalde, Jon Insausti, ha optado por no comentar la situación en profundidad, prefiriendo abordar el asunto con más tranquilidad y análisis. Sin embargo, dejó claro que su intención es «dar una respuesta rápida a la clase media» respecto al acceso a la vivienda, argumentando que las propuestas de la oposición podrían retrasar soluciones urgentes. «No comparto la decisión que se ha puesto sobre la mesa,» afirmó.
El alcalde también señaló que la zona de El Infierno no ha sido previamente discutida en el Gobierno Vasco ni está contemplada en sus presupuestos. No obstante, Burutaran recordó que el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, había manifestado su disposición a gestionar estos terrenos si se ceden al Ejecutivo autonómico. «Estábamos proponiendo dar el balón al Gobierno Vasco para que pudiera promocionar vivienda en alquiler,» enfatizó Burutaran.
La controversia sobre la gestión de estos terrenos refleja un dilema más amplio en la política de vivienda en Gipuzkoa, donde la demanda de vivienda asequible sigue siendo una cuestión crítica. Las decisiones tomadas en este contexto no solo afectarán el futuro urbanístico de Donostia, sino también la capacidad de los ciudadanos para acceder a una vivienda digna en la ciudad.
