Desde que en 2021 el Gobierno Vasco alcanzara un acuerdo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para asumir la competencia sobre prisiones, se ha observado un incremento constante en las excarcelaciones de reclusos vinculados a ETA. Este fenómeno ha sido criticado por diversas asociaciones de víctimas, las cuales consideran que estas liberaciones representan una especie de “amnistía encubierta”. Las decisiones sobre el régimen penitenciario de estos presos se basan en criterios que no siempre reflejan un verdadero arrepentimiento por sus acciones delictivas, como la falta de adicciones, el uso adecuado de permisos o el respaldo familiar.
Uno de los últimos casos relevantes es el de Jon Bienzobas, condenado a un total de 266 años de prisión por varios atentados, entre ellos el asesinato del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, en 1996. Aunque la Fiscalía de la Audiencia Nacional optó por no impugnar su semilibertad, Bienzobas deberá cumplir con la obligación de regresar a la cárcel cada noche.
La asociación Covite ha calificado de “fraudulento” el tercer grado que se le ha concedido a Bienzobas. En su evaluación, se han tenido en cuenta factores como su “buena conducta penitenciaria”, un “apoyo familiar” y su “motivación favorable al desarrollo personal”. Sin embargo, las víctimas lamentan que en las cartas de solicitud de excarcelación, los etarras no expresan un sincero arrepentimiento ni muestran disposición para colaborar con la Justicia en la resolución de los más de 370 asesinatos aún sin esclarecer.
Desde la consejería de Justicia y Derechos Humanos, dirigida por la socialista María Jesús San José, se argumenta que estas decisiones se alinean con la normativa vigente. Sin embargo, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha señalado que dicha normativa también podría permitir denegar el acceso a terceros grados, especialmente en ausencia de un gesto de desvinculación del entorno proetarra o de arrepentimiento real.
Los criterios utilizados para otorgar la semilibertad son diversos, aunque escapan a lo que podría considerarse un arrepentimiento genuino. Se valoran aspectos relacionados con la vida diaria de los presos, como el “desempeño adecuado de destinos”, la “ausencia de adicciones” y el “apoyo familiar”. Esta flexibilidad ha llevado a que desde el 1 de octubre de 2021, el Departamento de Justicia haya aplicado el artículo 100.2 a un total de 142 reclusos, de los cuales 48 estaban vinculados a ETA, según datos del propio Gobierno Vasco.
A día de hoy, un grupo de aproximadamente una veintena de presos de ETA se beneficia de esta medida que les permite salir de prisión bajo condiciones específicas, como acreditar empleo o actividades de voluntariado. En total, el Gobierno Vasco ha concedido 119 terceros grados a 97 reclusos relacionados con ETA.
La situación actual genera un amplio debate en la sociedad vasca, donde las opiniones están divididas entre quienes consideran necesaria una revalorización del tratamiento penitenciario y quienes defienden que las libertades deben estar condicionadas a un compromiso genuino de desvinculación de la violencia. Este contexto plantea la necesidad de un análisis profundo sobre cómo se gestionan las penas y el proceso de reinserción de los exmiembros de ETA, así como la importancia de atender las demandas de justicia de las víctimas.
