El País Vasco se ha convertido en la primera comunidad autónoma en asumir la gestión de las prestaciones por desempleo. Este avance se formalizó el pasado jueves tras un acuerdo entre el Gobierno Vasco y el gobierno español, que permite a Euskadi gestionar cinco nuevas competencias que anteriormente estaban bajo la responsabilidad del Estado. Además de las prestaciones de desempleo, el nuevo acuerdo incluye la gestión de las prestaciones no contributivas familiares de la Seguridad Social, el Salvamento Marítimo, el Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo.
El pacto se alcanzó durante una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, que estuvo marcada por tensiones entre ambas administraciones sobre los términos del acuerdo. Uno de los principales puntos de desacuerdo giraba en torno a cómo se financiarían estas nuevas competencias a través del concierto económico. Este desacuerdo llevó a varias conversaciones entre el lendakari Imanol Pradales y altos funcionarios de su gabinete con ministros del gobierno español, incluyendo al presidente Pedro Sánchez.
En las últimas semanas, el ejecutivo vasco había intensificado sus críticas y exigencias, llegando incluso a solicitar que Sánchez pusiera «orden en su casa», argumentando que algunas figuras en el gobierno español estaban obstaculizando el progreso del acuerdo. En un reciente acto en Vitoria, Pradales reiteró que el pueblo vasco no permitirá que se «pervierta» su autogobierno y exigió el cumplimiento del Estatuto de Gernika en su totalidad.
El lendakari subrayó la importancia de la transferencia de la gestión de los aeropuertos, aunque reconoció que este tema es «delicado». A pesar de su insistencia, el gobierno español ha cerrado la puerta a esta reclamación, que también ha sido planteada por Catalunya. El presidente de Aena, Mauricio Lucena, ha declarado que no se realizará ninguna cesión en este ámbito, argumentando que la gestión de un aeropuerto sería «nula de pleno derecho».
A partir de este viernes, el País Vasco no solo gestionará las políticas activas de empleo, como ya lo hacen otras comunidades, sino que también será responsable de las prestaciones por desempleo. Esta competencia ha sido una reivindicación de larga data del gobierno vasco. Aunque Catalunya ha realizado solicitudes similares, hasta el momento, no ha logrado el mismo resultado que Euskadi, que se convierte así en la única comunidad autónoma que se encargará de los pagos del paro.
Este nuevo acuerdo representa un paso significativo hacia el fortalecimiento del autogobierno en Euskadi, lo que podría tener implicaciones futuras en otras áreas de gestión territorial. La posibilidad de que se amplíen las competencias transferidas al Gobierno Vasco podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el futuro, tanto con el gobierno español como con otras comunidades autónomas que buscan más autonomía.
