Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, anunció el 20 de enero que, tras la reciente reunión de la Comisión Mixta de Transferencias entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España, se procederá al traspaso de cinco nuevas competencias hacia el País Vasco. Este proceso de transferencia es parte de un esfuerzo más amplio que se ha estado desarrollando desde el año 2018, que ha implicado a varias comunidades autónomas, incluyendo Galicia y Cataluña.
El ministro subrayó la importancia de los acuerdos alcanzados, resaltando que son resultados de textos «consensuados» que se ajustan «estrictamente» a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. Uno de los aspectos más relevantes de este traspaso es la gestión de la protección por desempleo, tanto en su nivel contributivo como asistencial, que comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027.
Además de la gestión del desempleo, Euskadi asumirá también en la misma fecha la administración de las prestaciones familiares no contributivas y del seguro escolar. Estas competencias serán gestionadas bajo el marco de regulación básica establecido por el Estado, asegurando así la cohesión en el sistema de seguridad social. Torres enfatizó que estas gestiones se llevarán a cabo respetando el «carácter unitario del régimen de la Seguridad Social» y el principio de solidaridad.
Otro elemento importante del acuerdo es la transferencia de funciones relacionadas con el Salvamento Marítimo, donde la comunidad autónoma pasará a gestionar la prestación, dirección y coordinación de estos servicios. El ministro especificó que este acuerdo incluye la delimitación de competencias y el traspaso de los recursos materiales y humanos necesarios para su efectiva implementación.
Torres manifestó que estos avances no solo representan un cumplimiento del Estatuto, sino que son también un reflejo de la capacidad de diálogo y negociación entre las partes implicadas. «Estamos cumpliendo con la concesión completa del Estatuto. Son días importantes cuando se llega a conclusiones positivas a través del diálogo permanente», afirmó. Esta declaración resuena especialmente en un contexto de alta tensión política, donde la empatía y la confianza institucional son más necesarias que nunca para la adecuada gestión pública.
El ministro también hizo hincapié en que, a pesar de las posibles «interpretaciones distintas» de los estatutos, lo fundamental es la habilidad para lograr acuerdos que beneficien a la ciudadanía. En este sentido, se reafirmó el compromiso de continuar avanzando en otras transferencias pendientes con el resto de las comunidades autónomas que así lo soliciten, siempre dentro del marco constitucional.
Con la evolución de estas transferencias, el Gobierno Vasco no solo fortalecerá su autonomía, sino que también podrá implementar políticas más adaptadas a las necesidades y realidades de su población. Este traspaso de competencias es un paso significativo en la evolución del autogobierno en Euskadi, lo que permitirá una operativa más eficiente y cercana a los ciudadanos.
En conclusión, la transferencia de estas nuevas competencias al País Vasco, que incluye temas tan sensibles como el desempleo y el salvamento marítimo, promete un impacto considerable en la gestión social y económica de la región. El Gobierno Vasco se prepara para asumir estas responsabilidades, lo que podría marcar un antes y un después en su relación con el Gobierno central, estableciendo un precedente para futuras negociaciones sobre el autogobierno y la descentralización en España.
