El Gobierno de España ratificará este viernes la transferencia de cinco nuevas competencias al País Vasco, lo que incluye, entre otros, la gestión de las prestaciones por desempleo. Este traspaso, que no requerirá modificaciones en la normativa estatal, permitirá a la comunidad autónoma asumir el control de estas prestaciones. La consejera María Ubarretxena destacó en su anuncio que se había alcanzado un acuerdo tras semanas de desacuerdos, donde el PNV había advertido sobre una posible reorientación en las relaciones con Pedro Sánchez.
Las competencias que se transferirán son el manejo de salvamento marítimo, el edificio del Centro de Verificación de Maquinaria en Barakaldo, así como las prestaciones relacionadas con la Seguridad Social, que incluyen la prestación del Seguro Escolar y las ayudas familiares no contributivas. Estos asuntos ya habían sido acordados el año pasado, formando parte del pacto de investidura que facilitó la llegada de Sánchez a la presidencia del Gobierno en noviembre de 2023.
Inicialmente, se esperaba que estos traspasos se firmaran el 29 de diciembre, pero esa reunión no se llevó a cabo. Como resultado, el plazo para el «cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica», fijado para finales de 2025, se ha visto comprometido. Esta situación ha intensificado las tensiones entre las partes, y Aitor Esteban, miembro del PNV, afirmó recientemente que no se quedarán de brazos cruzados ante esta situación.
Ubarretxena también expresó su frustración al señalar que las negociaciones se habían prolongado más de lo esperado. «El acuerdo lo acabamos de tomar hace diez minutos», declaró, indicando que la dinámica de trabajo había sido intensa y urgente. El lendakari Imanol Pradales ha estado involucrado personalmente en estas conversaciones, que se ven como una presión para resolver las diferencias existentes.
Entre los objetivos del traspaso se encuentra la intención de crear una entidad gestora propia para la Seguridad Social en el País Vasco. Este deseo de autonomía se ve reflejado en la propuesta que buscaría una gestión más completa de las políticas pasivas y activas de empleo. Actualmente, la gestión de las políticas pasivas se realiza a través del servicio Lambide, y con este nuevo traspaso se espera que se amplíen las capacidades de gestión.
En lo que respecta a las prestaciones por desempleo, se estima que alrededor de 51.000 personas se beneficiarán de este nuevo sistema. La transferencia incluye 30 oficinas del SEPE, donde laboran 534 funcionarios estatales. Esto significará que el País Vasco asumirá una responsabilidad de gestión que involucra un importe anual de 822 millones de euros.
A medida que se avanza en este acuerdo, el Gobierno de Sánchez busca reducir las tensiones con el PNV mediante la formalización de estos traspasos, aunque aún queda un largo camino por recorrer. En septiembre pasado, el Gobierno vasco presentó diez propuestas adicionales para completar el Estatuto, iniciando una negociación a tres bandas que también incluye a EH Bildu.
Esteban enfatizó que no se renunciará a las potencialidades del Estatuto y anticipó que la dinámica de las negociaciones en Madrid es compleja. «No he visto nada fácil en Madrid y me he pasado unos cuantos años. Siempre suele ser en el último segundo del último minuto», comentó, apuntando a la naturaleza intrincada de las discusiones políticas en curso.
Este traspaso de competencias no solo representa un avance en la autonomía del País Vasco, sino que también subraya la necesidad de una colaboración efectiva entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. A pesar de los desafíos, este acuerdo podría significar un paso significativo hacia una mayor capacidad de gestión local en áreas críticas para la población vasca.
