El Gobierno Vasco ha optado por intervenir directamente en la gestión de la fe y la convivencia de los ciudadanos. Con vistas a la primavera, se implementará una transformación de sus servicios públicos que abarcará desde la oferta alimentaria en los hospitales hasta la reestructuración de los cementerios. Este plan, que se enmarca bajo el concepto de laicidad cooperativa, tiene como objetivo integrar diversas sensibilidades religiosas presentes en el territorio, adaptando la administración a una realidad social cada vez más diversa.
El nuevo organismo consultivo estará compuesto por representantes de ocho confesiones, destacando la católica, la musulmana y la evangélica. No obstante, este proyecto enfrenta un obstáculo significativo, ya que la comunidad judía ha sido excluida del consejo. La justificación presentada al respecto es la supuesta falta de «presencia organizada», un argumento que no concuerda con las cifras del organismo público Ikuspegi, que estima en 2.264 los practicantes judíos en la comunidad, cifra que supera notablemente a la de otros grupos como los mormones, quienes sí tendrán representación en el nuevo ente.
Entre las medidas que tendrán mayor impacto logístico se encuentra la ampliación de los menús adaptados por motivos religiosos. Esta práctica, que inicialmente se había implementado en colegios y prisiones, centrada especialmente en la comunidad musulmana, se extenderá ahora a centros de acogida, residencias de mayores y hospitales. El Ejecutivo ha indicado que ofrecer alternativas alimentarias, como platos sin cerdo o opciones vegetarianas, será un requisito en la contratación pública, consolidando así el modelo de catering que ya se ha aplicado en las escuelas vascas desde 2021.
Además de las modificaciones en el ámbito alimentario, el plan incluirá una nueva norma urbanística para regular la localización de los centros de culto y una directriz para adaptar los ritos funerarios en los cementerios. La consejera María Ubarretxena ha subrayado la importancia de contar con protocolos claros para evitar controversias, buscando establecer una «autoridad pública» que prevenga la difusión de discursos de odio en el espacio común.
A pesar de estas iniciativas, la realidad religiosa en el País Vasco presenta contradicciones. La diversidad ha crecido, impulsada por flujos migratorios, pero el Barómetro sobre Religión de 2025 alerta sobre un proceso de secularización imparable: más de la mitad de la población vasca se identifica como no creyente. El descenso del catolicismo es evidente, con un 34% de practicantes, cifra que dista mucho de las estadísticas oficiales, las cuales aún sostienen porcentajes superiores al 57%.
