Donostia ha dado un paso significativo al convertirse en la primera capital del País Vasco en establecer un protocolo específico para abordar incidentes de odio. Esta iniciativa, impulsada por el Gobierno Vasco, busca fortalecer la respuesta institucional ante actos de discriminación y violencia motivados por razones raciales o por la orientación sexual.
El protocolo ha sido desarrollado a lo largo de 2025 por la asociación Sorginlore Elkartea, a través de un proceso participativo que ha involucrado a representantes de todos los grupos municipales, técnicos de áreas pertinentes, así como a activistas del ámbito social de la ciudad. En este contexto, el concejal de Diversidad e Inclusión, Iñigo García Villanueva, subrayó la relevancia de contar con herramientas claras para enfrentar actitudes discriminatorias. «Donostia es una ciudad diversa y abierta, y desde el Ayuntamiento tenemos la responsabilidad de proteger esa convivencia», explicó.
El nuevo documento establece procedimientos que involucran a distintos servicios municipales y promueve la cooperación con entidades sociales y recursos especializados. El objetivo es prevenir, detectar e intervenir en posibles incidentes de odio, así como ofrecer apoyo a las personas afectadas. Entre las novedades que introduce el protocolo, se encuentra la posibilidad de activar una respuesta institucional ante «indicios de odio», sin necesidad de esperar a una sentencia judicial. También se amplían los canales disponibles para denunciar o informar sobre incidentes y se apuesta por la justicia restaurativa en situaciones menos graves.
El Ayuntamiento también refuerza su papel como agente activo en la lucha contra el odio, incorporando declaraciones públicas y organizando acciones comunitarias. El protocolo se estructura en tres ejes fundamentales: la prevención, a través de formación, sensibilización y campañas; la intervención, con un procedimiento que se desarrolla en fases y la coordinación de servicios municipales, policiales y sociales; y la reparación, que busca no solo atender a la víctima, sino también recuperar la convivencia en la comunidad.
Este enfoque implica un «cambio de mentalidad», según el consistorio, ya que se pasa de una respuesta centrada exclusivamente en el delito a una estrategia más amplia que considera el odio como un fenómeno social. De esta manera, se prioriza la protección de las víctimas y la cohesión social. Además, el documento se ha concebido para ser flexible, con la intención de que evolucione y se adapte a medida que se avance en su implementación.
El consistorio ha destacado que esta primera versión del protocolo no busca ofrecer respuestas definitivas, sino iniciar un proceso continuo de mejora en la reacción institucional frente a actitudes discriminatorias. Según el último informe de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de EHU, en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, la mayoría de los incidentes que se relacionan con delitos de odio son impulsados por actitudes racistas y xenófobas, representando aproximadamente dos tercios del total. Los incidentes vinculados a la orientación sexual o identidad de género ocupan el segundo lugar.
En Donostia, se han registrado 35 de los 236 delitos de odio documentados por la Ertzaintza, lo que representa el 15 % del total. A nivel de Gipuzkoa, estos delitos alcanzan un 41 %, subrayando la necesidad de implementar medidas efectivas como las que propone este nuevo protocolo, que busca transformar la manera en que se enfrentan estos problemas en la sociedad.
