El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha expresado su rechazo ante la decisión de conceder el régimen de semilibertad a Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, bajo el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Esta medida ha sido calificada como «especialmente grave» debido a su «trayectoria criminal» y al «poco tiempo» que ha cumplido en prisión en España.
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha señalado que Iparraguirre es una de las dirigentes históricas de ETA, condenada a 793 años y 8 meses por su implicación en 14 asesinatos y con altos cargos dentro de la organización terrorista. Ordóñez ha calificado de escandaloso que a esta figura se le otorgue la semilibertad tan pronto, considerando que ha cumplido un tiempo insuficiente de su condena.
El colectivo advierte que este caso pone de manifiesto cómo el artículo 100.2 se está utilizando de manera generalizada con los presos de ETA, distorsionando su objetivo original de flexibilización del cumplimiento de las penas. Covite ha manifestado que no es casual que se aplique esta medida a Iparraguirre, ya que no se trata de una integrante menor de la organización, sino de una figura central que ha estado fuertemente vinculada a su dirección política.
Ordóñez ha enfatizado que Iparraguirre es vista como una etarra VIP por parte de la izquierda abertzale, lo que facilita el uso de una vía excepcional para su salida de prisión antes de haber completado los requisitos necesarios para acceder al tercer grado. “El artículo 100.2 es una trampa: aparenta cumplir la ley, pero acaba desvirtuando su finalidad”, ha añadido.
Covite también ha destacado que conceder la semilibertad a ‘Anboto’ es aún más inaceptable debido a la falta de una ruptura clara con el contexto político y social que justificó el terrorismo de ETA durante años. Según la organización, su trayectoria refuerza la necesidad de una desvinculación real, la cual no se ha producido.
En lo que respecta a la reinserción de criminales, Ordóñez ha afirmado que “no se puede pedir a las víctimas que tengan fe en un arrepentimiento que no se demuestra con hechos”. La presidenta ha reiterado que, en delitos de terrorismo, la reinserción debe ir más allá de los trámites burocráticos, exigiendo un cambio real en la relación de los presos con quienes justificaron la violencia.
El colectivo ha criticado que decisiones como esta confirman una tendencia del Gobierno Vasco hacia una política penitenciaria que favorece la salida de los presos de ETA sin que haya una verdadera asunción del daño causado. Covite sostiene que esto es el resultado de la última exigencia de ETA, que aboga por “vaciar las cárceles”, como han expresado miembros de la izquierda abertzale.
“Se está llevando a cabo de la manera que ellos desean: sin exigir arrepentimiento ni desvinculación del entramado político que sostuvieron el terrorismo de ETA durante décadas”, ha subrayado Ordóñez. Las consecuencias de esta política, según la presidenta de Covite, son el sufrimiento continuo de las víctimas, que ven cómo se otorga impunidad a los asesinos de sus seres queridos.
