El Gobierno Vasco aprobó este martes un nuevo decreto que regulará las Ayudas de Emergencia Social en Euskadi, destinando una partida de 41,5 millones de euros. Esta iniciativa se considera una de las prestaciones más significativas incluidas en el presupuesto, orientada a prevenir y mitigar situaciones de exclusión social.
La consejera María Ubarretxena, portavoz del Ejecutivo, destacó en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que esta actualización normativa responde a la necesidad de adaptar la legislación existente desde 2011 a las circunstancias actuales. Ubarretxena subrayó que las Ayudas de Emergencia Social son una muestra del compromiso del país con las familias más vulnerables, permitiendo que puedan enfrentar momentos difíciles con dignidad.
Entre las principales innovaciones del decreto se incluye un cambio en el sistema de financiación, que busca asegurar que las ayudas lleguen de manera oportuna y eficiente. Según la consejera de Políticas Sociales, Nerea Melgosa, se volverá al sistema anterior a la Ley de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), lo que significa que el desembolso a los municipios se realizará en dos fases a lo largo del año. En el inicio del año, el Gobierno Vasco asignará a todos los ayuntamientos la mayor parte de la cantidad programada, que asciende a 31 millones de euros.
Además, Melgosa se refirió a la importancia de que los ayuntamientos contribuyan con sus propios presupuestos en 2025, y aclaró que, una vez que se justifiquen los gastos, se procederá a distribuir el resto del crédito asignado. Este enfoque pretende garantizar que los recursos se utilicen de la forma más eficaz posible, apoyando a las familias que realmente lo necesiten.
Una de las novedades más destacadas en las Ayudas de Emergencia Social es que estas, dirigidas al alquiler, se otorgarán a un máximo de dos unidades convivenciales por vivienda. En este sentido, el decreto también introduce cambios en la definición de las unidades de convivencia, reduciendo el grado de consanguinidad y afinidad para determinar quiénes son los beneficiarios de estas ayudas. Este ajuste se establece dentro del segundo grado de parentesco, que incluye a hijos, cónyuges, padres, madres, hermanos, abuelos y nietos.
En respuesta a las críticas que han surgido en relación a estos cambios, Melgosa negó que se haya endurecido el acceso a estas prestaciones. Afirmó que el objetivo es cumplir con lo establecido en «la prestación económica de vivienda», asegurando que la protección social se amplía para incluir a quienes participan en programas vinculados a administraciones públicas. Un ejemplo de ello es el programa ‘Trapezistak’, que se enfoca en la integración de jóvenes que no cuentan con referentes familiares.
El nuevo decreto representa un avance significativo en la protección social de los sectores más vulnerables de la población vasca. Con esta iniciativa, el Gobierno Vasco refuerza su compromiso con las familias en situaciones de dificultad y busca responder de manera más efectiva a las necesidades de la comunidad. Estos cambios son parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la calidad de vida en Euskadi, asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a recursos esenciales que les permitan afrontar los desafíos cotidianos.
