La viceconsejera de Política Lingüística, Lurdes Auzmendi, ha señalado que a pesar de los esfuerzos realizados desde 1982, la mayoría de la población vasca aún no habla euskera. A lo largo de estos años, se ha visto un avance en el reconocimiento de la lengua, aumentando del 22% al 37,5% de ciudadanos que afirman conocerla, aunque su uso ha crecido de manera más tímida. Auzmendi destaca que el euskera se utiliza más en contextos formales como la educación y la administración, mientras que su presencia ha disminuido en círculos familiares y entre amigos.
El bilingüismo en Euskadi ha ido avanzando, con un 32% de la población mayor de 16 años hablando tanto euskera como castellano, lo que supone un incremento de dos puntos con respecto a 2006. Estos datos fueron presentados en la última Encuesta Sociolingüística elaborada por el Gobierno Vasco en marzo de este año. La viceconsejera es consciente de que la normalización completa del euskera podría tardar varias generaciones. En su opinión, “el objetivo principal es reducir la brecha entre el español y el euskera, y aumentar el número de personas bilingües”, aunque reconoce que la realidad actual es más compleja, con una sociedad que tiende hacia el trilingüismo o el multilingüismo.
En el contexto electoral, el uso del euskera ha generado un debate importante. La exigencia de Bildu para que el uso del euskera en el sector empresarial sea obligatorio ha suscitado reacciones diversas. La controversia se intensificó tras la exclusión de una constructora de la licitación de un tramo de la GI-632 por no acreditar el título EGA de dos de sus directores de obra. Por su parte, el PP sostiene que la cultura debe ser persuasiva y no impositiva, proponiendo un enfoque que desvincule el euskera de su uso como instrumento político.
El debate sobre el trilingüismo también se ha convertido en un tema relevante de cara a las elecciones del 21 de octubre. Existen diversas posturas políticas, pero la propuesta del Gobierno Vasco establece que un 20% de las horas se impartan en cada lengua, dejando el 40% restante a elección de los centros. Este modelo ya se aplica en 118 centros educativos y afecta a 12.000 estudiantes. Los socialistas defienden este enfoque como un camino de no retorno, subrayando la demanda de las familias y organismos internacionales por una enseñanza trilingüe. Sin embargo, el PNV ha mostrado una postura crítica, argumentando que la falta de claridad en los objetivos lingüísticos es un obstáculo a considerar.
EH Bildu, por su parte, ha expresado la necesidad de acelerar la normalización del euskera, advirtiendo que se vislumbran señales de debilidad en su uso. La coalición busca establecer las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan vivir plenamente en euskera y propone una nueva política lingüística. A contrario, los socialistas no apoyan las sanciones ni la instrumentalización del euskera para el acceso al empleo público, una situación que ha generado descontento en ciertos sectores de la ciudadanía.
El Plan de Acción para la promoción del euskera (2013-2023), diseñado por la Viceconsejería de Política Lingüística, se encuentra a la espera de aprobación en el Parlamento. La anticipación de elecciones podría influir en su futuro, ya que el plan actual (2001-2011) está obsoleto y el nuevo enfoque tiene como objetivo abordar retos como la creciente inmigración y el avance de nuevas tecnologías. En este sentido, el documento Euskera 21, apoyado por amplios consensos sociales y políticos, se perfila como motor clave para las futuras acciones del próximo Gobierno.
El Gobierno Vasco, representado por el PSE-EE y el PNV, coincide en la necesidad de proteger el euskera como lengua propia de Euskadi, proponiendo un enfoque que fomente la adhesión de toda la ciudadanía, no solo de aquellos que hablan la lengua. Las próximas elecciones serán decisivas para determinar la dirección de la política lingüística y el futuro del euskera en la comunidad.
