La evolución de Euskadi en las últimas dos décadas es notable, especialmente si se compara con la situación de 1988, cuando el terrorismo de ETA dejó 21 víctimas mortales. En contraste, en 2006 se registraron solo dos asesinatos atribuidos a la banda, y el año pasado se repitió esta cifra. Este cambio se enmarca en un contexto donde la economía vasca comenzaba a mostrar signos de recuperación, aunque el desempleo todavía afectaba a un 21% de la población activa.
En aquellos años, el Gobierno Vasco se encontraba en una situación política compleja. El respaldo a ETA era considerable y las calles eran frecuentemente dominadas por grupos afines a la organización terrorista. Sin embargo, para enero de 1988, el lehendakari José Antonio Ardanza anunció el Pacto de Ajuria, un acuerdo que marcó un cambio en la estrategia política, buscando alejarse de la violencia y hacia una mayor institucionalización. Esta iniciativa fue vista como un factor que contribuyó al debilitamiento de la izquierda abertzale en los años posteriores.
La economía en 1988 también reflejaba una etapa de transición. Tras una década de crisis que había visto caer el poder adquisitivo de los vascos en casi un 9%, la industrialización comenzaba a repuntar. A pesar del desempleo elevado, que afectaba a 212.000 personas, la actividad industrial creció un 6% y las exportaciones aumentaron en un 25%. En este contexto, se comenzaba a reconocer la importancia de la innovación tecnológica como motor de desarrollo.
El sector bancario también experimentaba cambios significativos. En medio de un proceso de fusiones, las cajas de ahorro de Bizkaia iniciaban su integración para adaptarse a una nueva realidad financiera. Las primeras señales de un crecimiento sostenido ya eran visibles, y la economía vasca empezaba a diversificarse con la creación de cooperativas que, como el grupo Mondragón, comenzaban a tomar protagonismo.
A nivel social, el año 1988 estuvo marcado por la construcción de la red de gas natural, una iniciativa que encontró resistencia en algunos municipios, como Bilbao, donde el alcalde José María Gorordo consideraba que se trataba de una agresión a la autonomía local. La preocupación por el costo de la vida era palpable, con precios de productos básicos como el pan ascendiendo a 30 pesetas, y una elevada tasa de interés en los créditos.
En el ámbito de la salud, el estigma asociado al VIH dio lugar a un caso notable: un niño fue expulsado de su colegio en Durango por ser portador del virus, lo que llevó a un juicio que resultó en su readmisión. Este incidente reflejaba la discriminación prevalente en la sociedad de la época.
La inversión en sanidad también era una prioridad para el Gobierno Vasco, que dedicó 1.600 millones de pesetas (aproximadamente 9,6 millones de euros) a la lucha contra las drogas. En ese contexto, el gasto hospitalario se situaba en 434 millones de euros, lo que representaba un 2,6% del Producto Interior Bruto de la comunidad.
Con una población de 2.155.844 habitantes, solo un pequeño porcentaje era extranjero, lo que contrasta con la diversidad actual. Además, la llegada del txakolí como producto con denominación de origen comenzaba a marcar el inicio de una nueva era en la gastronomía vasca; un símbolo de modernidad que, junto con el inicio de las obras del metro que se habían retrasado por problemas económicos, marcaba la transición hacia una Euskadi más dinámica.
A medida que se reflexiona sobre estos dos últimos decenios, queda claro que Euskadi ha recorrido un camino significativo desde aquellos años difíciles. La reducción de la violencia, el crecimiento económico y los avances sociales han configurado una comunidad más resiliente y adaptada a los retos del futuro. Las lecciones aprendidas en este periodo son cruciales para enfrentar los desafíos que aún subsisten en la actualidad.
