La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV ha rechazado una demanda que buscaba anular la decisión del Gobierno Vasco de suspender la campaña de pesca de la angula para la temporada 2025/2026. Esta medida, que se implementará antes de que finalice marzo, se basa en la necesidad de proteger una especie en riesgo de extinción, priorizando así el interés público sobre el rendimiento patrimonial.
El 3 de octubre, el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco se reunió con la Asociación de Anguleros de Euskadi para informarles sobre esta decisión. La suspensión fue respaldada por informes científicos que advertían sobre la situación «crítica» de la anguila. Estos documentos incluyen los resultados de la última evaluación del Plan de Gestión de la Angula, presentado a la Comisión Europea por España la primavera pasada.
En este informe, analizado por el ICES en mayo de 2025, se destacó que tanto los niveles de escape como los de reclutamiento de la especie están muy por debajo de los objetivos establecidos en el Reglamento del Consejo Europeo de 2007. Se estima que la población de anguilas en los ríos de Euskadi ha disminuido al 7% de la cantidad que existía en las décadas de los 60 y 70.
A pesar de las medidas implementadas para mejorar la calidad del hábitat y limitar la actividad pesquera, los esfuerzos no han sido suficientes para revertir el estado crítico de la anguila, cuyo stock sigue «fuera de los límites biológicos seguros». A esta problemática se suma una recomendación del Ararteko, emitida el 4 de junio de 2025, que aboga por regular la pesca de la angula de acuerdo con las medidas necesarias para recuperar la población de la anguila europea.
Los resultados del informe de AZTI también apuntan a que la especie no muestra signos de recuperación, lo que refuerza la necesidad de medidas estrictas. En su auto, el tribunal abordó el daño que podría sufrir el solicitante por la prohibición de pescar angula, señalando que los gastos estimados ascienden a 7.162,44 euros. Estos incluyen la amortización del barco, su seguro anual, los costos relacionados con la cofradía de pescadores y la Seguridad Social.
El demandante también identificó ingresos potenciales que podría dejar de percibir, calculados en 11.046,34 euros, basados en la facturación de la campaña anterior. Sin embargo, el TSJPV consideró que el interés público en la protección de la anguila es prioritario frente al interés privado en obtener un rendimiento económico de la pesca. El tribunal concluyó que, aunque el perjuicio es individualizable y susceptible de indemnización, no se puede estimar la solicitud de cautela judicial y se debe mantener la decisión de la Administración.
Esta resolución pone de relieve la importancia de la conservación de especies en peligro y el compromiso del Gobierno Vasco en la protección del medio ambiente, subrayando la necesidad de un enfoque sostenible en la gestión de los recursos naturales. La situación de la anguila es un recordatorio de los desafíos que enfrenta la biodiversidad en la región y la responsabilidad de todos los actores implicados en su preservación.
