La incorporación de Uber en Donostia y Gipuzkoa ha generado un nuevo capítulo en la controversia legal que rodea sus operaciones. La empresa comenzó a prestar servicios de transporte de pasajeros el 18 de febrero, pero el Ayuntamiento de Donostia ha dictaminado que las unidades de vehículos de transporte con conductor (VTC) no están autorizadas a operar en el ámbito urbano, es decir, dentro de la ciudad. Esta decisión se basa en un análisis de la normativa vigente y la asesoría de sus servicios jurídicos, que han interpretado que la legalidad no permite tales operaciones.
La concejala de Movilidad, Olatz Yarza, ha señalado que el consistorio no tiene la autoridad para imponer sanciones por esta supuesta ilegalidad. Según explica el gobierno municipal, las licencias VTC con autorización estatal son competencia de la administración que las otorgó, independientemente del lugar donde se presten los servicios. Por lo tanto, corresponde a la Diputación de Bizkaia, que ha emitido las autorizaciones para Uber, tomar las medidas sancionadoras pertinentes.
El Ayuntamiento ha ratificado que los servicios interurbanos, es decir, aquellos que inician en un municipio y concluyen en otro, son legales, incluso si ambas localidades pertenecen a Gipuzkoa y la licencia es vizcaína. Esta distinción se enmarca en la ley española de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), que establece claramente la competencia sancionadora de las administraciones que emiten las licencias pertinentes.
El alcalde de Donostia, Jon Insausti, ha instado a Uber y a la Diputación de Bizkaia a que respeten la legalidad vigente. En su comunicado, ha exigido a la multinacional el «cumplimiento estricto de este marco legal» y ha advertido que el Ayuntamiento actuará en caso de detectar incumplimientos. «Donostia es una ciudad de orden y se hace cumplir la ley a todos», ha afirmado.
Asimismo, Insausti ha expresado su deseo de que la Diputación de Bizkaia actúe de oficio para sancionar cualquier infracción detectada. Los vehículos VTC están obligados a registrar todos sus trayectos ante el Ministerio de Transportes, lo que permite una supervisión constante de su actividad.
La corporación municipal ha hecho hincapié en que sus conclusiones están fundamentadas en un «marco normativo vigente» que diferencia claramente entre el transporte urbano y el interurbano, lo cual determina qué administración es competente en cada caso. En este contexto, el Ayuntamiento de Donostia ha enumerado las acciones realizadas durante el primer mes de actividad de Uber, destinadas a asegurar el cumplimiento de la normativa. Estas incluyen la identificación de potenciales incumplimientos, la inspección y el análisis de la base de datos ministerial, así como la solicitud de cesar actividades en el ámbito urbano.
El consistorio también ha trasladado las infracciones a la Diputación de Bizkaia, pidiendo que se inicien expedientes sancionadores por las operaciones urbanas de Uber. Además, ha activado a los agentes de Movilidad de Donostia para imponer sanciones por infracciones de tráfico y ha colaborado con la Guardia Municipal en la gestión de denuncias relacionadas con el transporte de personas.
A lo largo de este proceso, el Ayuntamiento ha mantenido un diálogo constante con el sector del taxi, incorporando sus sugerencias en el análisis realizado. En una reunión reciente, Insausti reafirmó su compromiso con la legalidad y un modelo de movilidad ordenado, enfatizando que la calidad de los servicios de movilidad necesita adaptación y colaboración.
El alcalde también subrayó que la defensa de la legalidad y la competencia justa entre operadores es una prioridad para el Ayuntamiento. «Cualquier actividad que se realice al margen de la normativa será objeto de actuación por parte de las administraciones competentes», afirmó. Por su parte, los taxistas han mostrado su interés en mejorar el servicio, tomando en cuenta las quejas y propuestas de la ciudadanía.
El Ayuntamiento ha solicitado la convocatoria de la Comisión del Taxi, que incluye a representantes del Gobierno Vasco, la Diputación de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de San Sebastián y el sector del taxi. La responsabilidad de convocar esta mesa recae en la Diputación, y el alcalde considera crucial su establecimiento para definir criterios de actuación comunes en un entorno normativo en evolución.
