Los municipios del País Vasco se encuentran actualmente ante un desafío considerable debido a la falta de secretarios, interventores y tesoreros cualificados. Esta problemática afecta tanto a grandes ciudades como a pequeñas localidades, donde la carencia de estos especialistas ocasiona demoras en la toma de decisiones y pone en riesgo la legalidad en la gestión municipal. Según datos publicados, de los alrededor de 400 profesionales requeridos, solo 199 ocupan una plaza fija; el resto de las vacantes son cubiertas por personal temporal o procedente de otros municipios.
La raíz de esta escasez de personal radica en desacuerdos entre el Gobierno Vasco y las autoridades centrales sobre quién debe tener la facultad de seleccionar a los candidatos. Además, las elevadas exigencias en cuanto al conocimiento del euskera complican aún más la situación. Para acceder a estos puestos, se requiere un nivel C2, que equivale a la categoría más alta de dominio del inglés. Este requisito ha resultado ser un obstáculo significativo, especialmente para aquellos aspirantes que llegan de otras regiones de España.
Las complicaciones se han intensificado después de que los últimos concursos para cubrir estas vacantes fueran impugnados por asociaciones profesionales y partidos políticos. Las decisiones judiciales han llevado a la suspensión o anulación de varios procesos de selección, lo que ha generado incertidumbre en los municipios. Representantes del Gobierno Vasco y de la asociación municipal Eudel han advertido que esta situación ha bloqueado numerosos trámites, ralentizando así la actividad de la administración local.
Como respuesta a esta crisis, las autoridades se ven forzadas a nombrar empleados temporales o a redistribuir las tareas entre especialistas de ciudades vecinas. En algunos casos, localidades como Iruña de Oca en Álava han optado por reducir los requisitos de conocimiento del euskera y anular plazos obligatorios para acreditar el perfil lingüístico, con el fin de atraer a profesionales de otras comunidades. Sin embargo, estas decisiones también han propiciado un nuevo debate sobre la legalidad de dichas medidas.
Desde los colegios profesionales, como Cosital, se oponen a que la competencia de selección de especialistas se transfiera al ámbito regional, defendiendo la unidad del cuerpo estatal. Insisten en que el nivel de conocimiento del euskera debería fijarse de forma individual para cada municipio y no establecerse como un requisito general. Consideran que el dominio del idioma puede ser una ventaja, pero no debería convertirse en un impedimento para acceder a la profesión.
Por el contrario, las autoridades del País Vasco argumentan que cuentan con las competencias necesarias para seleccionar su propio personal y que las exigencias lingüísticas son reflejo de las particularidades de la administración local. Sin embargo, la continua litigación y la impugnación de oposiciones están generando una incertidumbre prolongada, lo que dificulta la creación de una política de personal estable.
Con el objetivo de salir de esta crisis, las autoridades regionales están preparando nuevas medidas. Ya se han publicado los resultados de la última convocatoria destinada a estabilizar el personal, y está previsto la creación de reservas temporales de empleados con garantías legales más claras. Se espera que las pruebas para nuevos candidatos tengan lugar antes del verano, y a medio plazo, se implementará un nuevo decreto que definirá y reforzará las competencias de los organismos regionales en la gestión de personal para los municipios.
Este fenómeno de escasez de personal también se ha detectado en otras regiones de España, especialmente aquellas que exigen requisitos lingüísticos específicos. Un ejemplo notable es Cataluña, donde se han debatido recientemente modificaciones en el sistema de prestaciones para pacientes con enfermedades graves, lo que ha suscitado discusión sobre la distribución de competencias entre las autoridades regionales y centrales. La creciente evidencia de problemas de personal en los municipios españoles resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que contemple tanto los requisitos lingüísticos como la disponibilidad de profesionales.
En 2025, Galicia también experimentó dificultades similares debido a los requisitos de conocimiento del gallego, que limitaron el acceso a empleos públicos. Reformas al sistema de selección de funcionarios en Valencia y Navarra apuntan a adaptarlo mejor a las condiciones locales. Estos ejemplos reflejan que el equilibrio entre las exigencias lingüísticas y la disponibilidad de personal es un tema de relevancia continua en varias partes del país.
