El Ararteko, la Defensoría del Pueblo del País Vasco, ha publicado un informe que revela la “falta de reconocimiento” sufrida por un grupo de víctimas de abusos sexuales por parte del religioso Patxi Ezkiaga Lasa en el colegio La Salle de Donostia. Estos incidentes, que se produjeron entre 1976 y 2012, han sido objeto de un proceso de escucha y acompañamiento por parte del Ararteko, que ha recibido demandas de apoyo institucional de parte de las víctimas.
Las víctimas han solicitado que el Ararteko, dentro de sus competencias, inicie un proceso que busque un reconocimiento público del daño causado, así como una investigación de los hechos y medidas de reparación, tanto a nivel personal como colectivo. Sin embargo, el centro educativo ha limitado cualquier tipo de reparación a la vía individual del Plan de Reparación Integral a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica en España, negándose a considerar propuestas de reparación colectiva.
El informe detalla que Patxi Ezkiaga Lasa, quien además de ser docente tuvo responsabilidades directivas, cometió abusos graves contra alumnas, manipulación que se extendió durante años. Las víctimas describen situaciones en las que el religioso violentaba su espacio personal frente a otros alumnos y en lugares como las clases de gimnasia rítmica, excursiones y campamentos. El Ararteko subraya que muchas de estas alumnas sufrieron consecuencias físicas y psicológicas evidentes, que requieren atención especializada.
Entre los espacios donde se produjeron los abusos se encuentran el club de escritura y los campamentos de verano, donde el religioso aprovechaba la cercanía con las alumnas para llevar a cabo los tocamientos. Las alumnas establecieron códigos de protección entre ellas, como no acudir solas a su despacho, pero a pesar de ello, el religioso se ganaba la confianza de los padres, lo que complicaba aún más la situación.
El 20 de noviembre de 2025, como parte de un proceso de interlocución, se presentó a representantes del colegio un acuerdo de propuestas elaborado por el grupo de víctimas. Este documento buscaba iniciar un diálogo sobre las medidas de reparación colectiva. Sin embargo, la respuesta del centro fue limitar cualquier tipo de reparación a vías individuales y terapéuticas, lo que el Ararteko interpreta como una negativa a abrir un proceso de diálogo genuino y colaborativo con las víctimas.
Las víctimas han expresado que la negativa a considerar medidas de reparación colectiva ha supuesto un “nuevo impacto doloroso”, ya que se sienten relegadas a una lógica individual que no aborda el daño sufrido por el colectivo. Muchas de ellas se definen como “víctimas incómodas”, al no haber estado satisfechas con las disculpas privadas recibidas por parte del colegio.
El Ararteko ha destacado que, a pesar del tiempo transcurrido, el sentimiento de injusticia entre las víctimas y sus familias permanece. La falta de mecanismos de respuesta desde la justicia penal ha complicado aún más la situación. La Defensoría ha manifestado su preocupación por el ecosistema de impunidad que ha rodeado estos abusos en el Colegio La Salle Donostia y en la sociedad vasca en general. La gravedad de los abusos y sus consecuencias han dejado una huella profunda en las víctimas, que muchas veces han sufrido en silencio.
Por último, el Gobierno Vasco ha lamentado la incapacidad de establecer medidas adecuadas para abordar estos casos, y ha reafirmado su compromiso con las víctimas. En un comunicado, La Salle ha expresado su condena a los hechos y su deseo de trabajar en el reconocimiento del daño causado y la reparación de las víctimas. La institución ha admitido que, aunque no hay palabras que puedan reparar el sufrimiento, el reconocimiento del daño y la petición de disculpas son pasos importantes hacia la responsabilidad moral.
La situación revela la necesidad de un diálogo abierto y efectivo que permita abordar las demandas de las víctimas y garantizar la justicia, no solo a nivel individual sino también colectivo. Este caso subraya la importancia de que las instituciones educativas asuman su responsabilidad y trabajen en la prevención de futuros abusos, contribuyendo así a un entorno más seguro y justo para todos.
