En una importante acción política, los gobiernos central y vasco han alcanzado un acuerdo sobre el traspaso de cinco nuevas competencias a Euskadi, entre las que se incluyen las prestaciones de desempleo. Este pacto se formalizará el 20 de enero durante la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, que se había visto amenazada por discrepancias entre ambos ejecutivos. Esta situación ha aumentado la tensión política entre el PNV y el PSE.
El acuerdo fue confirmado esta mañana por la portavoz del Ejecutivo, consejera María Ubarretxena, tras una serie de conversaciones entre el lehendakari, Imanol Pradales, y varios ministros, incluyendo al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La reunión de la Comisión Mixta se llevará a cabo a las 10:30 horas en Madrid, donde se formalizará el traspaso de competencias que incluye, además de las prestaciones de desempleo, las prestaciones no contributivas familiares de la Seguridad Social, el Salvamento Marítimo, el Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo, en Bizkaia.
Uno de los puntos de conflicto que se resolvieron entre las haciendas de ambos gobiernos fue la financiación de estas competencias, que se realizará a través del Cupo derivado del Concierto Económico. Aunque no se han ofrecido más detalles sobre los desacuerdos, Ubarretxena ha indicado que se explicarán el viernes en Madrid, una vez que se firmen los traspasos. A pesar del consenso alcanzado, la consejera ha señalado que aún no hay un documento firmado.
El respeto a los acuerdos previos, firmados en julio durante la comisión de cooperación, ha sido una de las reivindicaciones del Gobierno Vasco en las últimas semanas. Este organismo había manifestado su preocupación por el incumplimiento de estos acuerdos, especialmente en lo que respecta a la financiación y los aspectos relacionados con la Seguridad Social.
Las discrepancias fueron la causa del retraso de la Comisión Mixta, que estaba programada para el 29 de diciembre, y que ahora se ha pospuesto para dar tiempo a alcanzar un acuerdo. Durante este periodo, el Ejecutivo vasco ha intensificado sus críticas hacia el Gobierno central, incluso pidiendo a Sánchez que pusiera orden en su administración, alegando que ciertos secretarios de Estado estaban obstaculizando el progreso.
Las tensiones políticas han sido evidentes, con intercambios de declaraciones entre el PNV y el PSE, que forman un gobierno de coalición en el País Vasco. Aitor Esteban, presidente del PNV, había advertido que si el Gobierno de Pedro Sánchez no cumplía con lo firmado en materia de transferencias, la relación de su partido con el Ejecutivo central «evidentemente va a cambiar». Por su parte, el secretario general del PSE, Eneko Andueza, respondió que si el PNV adoptaba esa postura, la confianza se rompería, llevando a un nuevo escenario tanto en Euskadi como en el ámbito nacional.
Con el anuncio del acuerdo, es probable que la tensión disminuya. Ubarretxena ha agradecido a sus socios del PSE su colaboración en favor de la «casa vasca», aunque también ha instado al Gobierno a abordar con seriedad las negociaciones de las competencias aún pendientes, advirtiendo que trabajar «a contrarreloj» no es la mejor estrategia.
Entre las competencias que se van a traspasar, la más significativa es la gestión de las prestaciones de desempleo, que se estima podría ascender a unos 822 millones de euros anuales. Este traspaso incluirá la gestión de las 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el traslado de 534 trabajadores, aunque el Estado mantendrá la capacidad normativa.
Este acuerdo se enmarca en el compromiso entre el PNV y el PSOE de cumplir con el Estatuto de Gernika para el año 2025, según lo pactado en la investidura de Sánchez y en el programa del Gobierno Vasco. Tras el cierre de estas cinco competencias, ambos gobiernos se preparan para avanzar en otras quincenas de transferencias, que incluyen temas de gran relevancia como la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y la administración de los aeropuertos y puertos vascos.
