La consejera María Ubarretxena ha expresado su descontento con la gestión del proceso de regularización extraordinaria de migrantes por parte del Gobierno Vasco, señalando una falta de colaboración que ha generado sorpresas en los ayuntamientos. Según la consejera, estos municipios han recibido de manera repentina la responsabilidad de validar informes de vulnerabilidad, un requisito necesario para aquellos migrantes que no pueden demostrar tener un contrato de trabajo o redes familiares en España. Este procedimiento fue desconocido por la parte vasca hasta que se publicó el decreto del Gobierno español, lo que ha llevado a Ubarretxena a solicitar una solución más estructural para abordar el fenómeno migratorio.
El Ejecutivo de Imanol Pradales, por su parte, mantiene una postura de distanciamiento de las tensiones políticas que imperan en el resto del Estado. La consejera ha subrayado que, en lugar de elevar la voz, es preferible adoptar un enfoque más conciliador. Sin embargo, ha indicado que el decreto no tiene que ser aprobado por el Congreso de los Diputados, lo que limita las opciones de modificación.
El inicio de la regularización presencial coincide con la apertura de solicitudes, que se extenderán hasta el 30 de junio. En este marco, el viceconsejero Xabier Legarreta ha destacado la importancia de la colaboración para asegurar el éxito del proceso, a pesar de la desinformación que ha circulado. Legarreta ha argumentado que este proceso no solo legalizará la situación de un estimado de medio millón de personas en España, sino que también brindará seguridad jurídica a los que ya residen en la comunidad autónoma vasca. Estos migrantes, que en su mayoría llevan más de cinco meses en el país, podrán contribuir a la sociedad de manera formal en lugar de permanecer en la economía sumergida.
Por otro lado, el viceconsejero ha desmentido que la regularización permita la entrada de personas con antecedentes penales, ya que se ha establecido un filtro en el que se exige la comprobación de antecedentes tanto en el país de origen como en España. Asimismo, ha aclarado que el papel del Gobierno Vasco en este proceso se limita a transmitir información y a proporcionar recursos a funcionarios y ciudadanos para facilitar la transición.
Uno de los puntos más polémicos ha sido la exigencia de informes de vulnerabilidad, que deben ser elaborados por los servicios sociales de los ayuntamientos o entidades del tercer sector. Legarreta ha señalado que los ayuntamientos no fueron informados con antelación sobre esta nueva responsabilidad. A pesar de las tensiones que esto pueda generar en sus áreas sociales, ha confiado en que el proceso se desarrollará correctamente, citando como ejemplo la apertura de una oficina específica en Bilbao para gestionar estas solicitudes.
En relación a la posición del PNV, el partido se distancia del boicot que se prevé por parte de algunos municipios gobernados por el PP, que ya han manifestado su intención de presentar mociones en contra del decreto. La ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha minimizado la importancia de este trámite adicional, asegurando que el acceso al formulario para el informe de vulnerabilidad se puede realizar fácilmente a través de Internet y que solo requiere visado por parte de los ayuntamientos o asociaciones competentes.
Legarreta también ha comentado que los apátridas, incluidos saharauis y ucranianos, han quedado excluidos del proceso, aunque para los ucranianos esto no representa un gran problema debido a las regulaciones europeas vigentes. A su vez, ha reclamado que el Gobierno español debería considerar un reconocimiento más específico del aprendizaje de lenguas oficiales como un elemento positivo en el proceso de renovación de permisos.
El decreto establece que, para la renovación de permisos tras un año, los solicitantes deben demostrar que están en búsqueda activa de empleo o presentar un informe de esfuerzo de integración emitido por las autoridades competentes. Este proceso tendrá una duración de un año, y según Legarreta, el Gobierno Vasco ya ha comenzado a reconocer la importancia del aprendizaje del euskera como un factor positivo en la valoración de la situación de los migrantes.
En conclusión, el proceso de regularización de migrantes en la comunidad autónoma vasca ha generado un debate significativo sobre la gestión de la migración y la colaboración entre administraciones. A medida que se avanza en este proceso, es crucial que se establezcan canales de comunicación claros y efectivos para asegurar que tanto los migrantes como los ayuntamientos cuenten con las herramientas necesarias para adaptarse a esta nueva realidad.
