En un período de dos años y medio, el Gobierno Vasco ha gestionado la aprobación de 67 progresiones a tercer grado para reclusos de ETA. Sin embargo, un 35% de estas decisiones permanecen sin ejecutar debido a determinaciones de la Audiencia Nacional. Esto incluye 16 decisiones que han sido revocadas y otras ocho que están suspendidas mientras se resuelven recursos del Ministerio Público.
Desde que el Ejecutivo autonómico tomó la responsabilidad sobre el sistema penitenciario en octubre de 2021, un total de 54 internos de la organización terrorista han logrado acceder a este régimen más benévolo. En trece de estos casos, las decisiones de progresión han sido duplicadas o triplicadas, a raíz de resoluciones judiciales previas que denegaron tales beneficios, según datos ofrecidos por el Observatorio de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT).
De los reclusos que han obtenido el tercer grado, ocho han recuperado la libertad bajo condiciones impuestas por los jueces, mientras que cinco han salido de prisión tras cumplir sus respectivas condenas. Entre los internos que han visto sus peticiones de progresión triplicadas se encuentran Juan Carlos Subijana y Joseba Borde. Ambos han recibido la última serie de aprobaciones este mes de marzo, aunque estas han sido nuevamente suspendidas tras impugnaciones de la Fiscalía.
Juan Carlos Subijana fue condenado por su participación en el atentado contra un funcionario de prisiones en el año 2000. Con veinte años en prisión, la asociación SARE, que apoya a los internos de ETA, ha solicitado su excarcelación por su delicado estado de salud. Por su parte, Joseba Borde, quien cumple condena por tres asesinatos, también es objeto de solicitudes de excarcelación, debido a su edad y problemas de salud. Sin embargo, la Fiscalía se opone a su progresión, aduciendo la falta de un compromiso de pago de responsabilidad civil y ausencia de arrepentimiento respecto a ETA.
Entre octubre de 2018 y abril de 2022, Instituciones Penitenciarias, bajo el Ministerio del Interior, aprobó 27 progresiones a tercer grado para presos de ETA. Esta cifra contrasta con las 40 progresiones adicionales que ha realizado el Gobierno Vasco desde que asumió la competencia penitenciaria en octubre de 2021 hasta marzo de 2024, mostrando así un incremento significativo en la gestión de estos casos.
Actualmente, 158 presos de ETA continúan cumpliendo condena. De ellos, 140 se encuentran en diferentes cárceles del País Vasco, lo que indica que cerca del 40% ha sido beneficiado por alguna propuesta de progresión a tercer grado. En concreto, estos internos están distribuidos en las prisiones de Zaballa, Martutene y Basauri. Además, hay siete etarras en una prisión administrada por el Estado en Pamplona, y otros once exmiembros de la banda se encuentran en libertad condicional o bajo arresto domiciliario.
La gestión del Gobierno Vasco en estos casos ha suscitado un amplio debate social y político, cuestionando la política de acercamiento de presos y la decisión de eliminar la dispersión. Esta situación plantea importantes interrogantes sobre la reconciliación y el tratamiento de la memoria histórica en el contexto del conflicto vasco. A medida que se establecen nuevas normativas y se revisan las políticas penitenciarias, la atención se centrará en la capacidad del Gobierno Vasco para gestionar estos asuntos en un marco que respete tanto los derechos de los reclusos como las preocupaciones de las víctimas del terrorismo.
Con el avance de las decisiones sobre el tercer grado, la situación de los presos de ETA seguirá siendo un tema central en las discusiones políticas en Euskadi. El balance entre la justicia y la reinserción social será fundamental en los próximos meses, especialmente teniendo en cuenta la sensibilidad que rodea a estos casos en la sociedad vasca.
