El Gobierno Vasco se encuentra en proceso de aprobación de un decreto que permitirá la regularización extraordinaria de aproximadamente 500.000 inmigrantes en España. Esta medida, que se discutirá en el próximo Consejo de Ministros, introduce condiciones más estrictas sobre los antecedentes penales, siguiendo las recomendaciones del Consejo de Estado. A pesar de esto, el objetivo es maximizar el número de extranjeros que puedan beneficiarse del proceso.
Los solicitantes tendrán un mes para conseguir sus antecedentes penales en sus países de origen. En caso de no lograrlo, el Ejecutivo se encargará de solicitarlos de manera diplomática durante un periodo de tres meses. Si al final de este tiempo los documentos no han llegado, se ofrecerá un plazo adicional de 15 días para que el interesado los obtenga por su cuenta, pues de lo contrario no podrá acceder a la regularización.
Además de la exigencia de antecedentes penales, otras condiciones incluyen la necesidad de estar en España antes del 1 de enero de 2026, haber residido al menos cinco meses en el país, no representar una amenaza para el orden público y demostrar alguna de las siguientes situaciones: una vinculación laboral, estar en España con su unidad familiar que incluya hijos menores o encontrarse en una situación de vulnerabilidad acreditada.
Uno de los principales desafíos que enfrentan muchos inmigrantes es la obtención rápida del certificado que demuestre la ausencia de antecedentes penales, especialmente debido a las dificultades de la administración consular en varios países y la imposibilidad de viajar. Aunque el Gobierno consideró permitir que una simple declaración de los interesados sustituyera este documento, el Consejo de Estado recomendó un enfoque más riguroso, lo que llevó a la modificación del modelo propuesto.
El contexto político que rodea esta iniciativa es notable, ya que cuenta con el apoyo no solo de partes del espectro progresista, sino también de la patronal y de la Iglesia. La regularización se inscribe en un pacto entre el Gobierno y Podemos, establecido hace dos meses. Sin embargo, ha generado tensiones con partidos como Vox, cuyo líder ha criticado la postura de la Iglesia al respecto.
La ventana para solicitar la regularización se cerrará el 30 de junio, coincidiendo con la visita del Papa a España, donde la inmigración será un tema central. Esta visita se produce en un momento en que los flujos migratorios a las Islas Canarias siguen siendo un tema crítico, dado el alto riesgo que enfrentan muchas personas al intentar llegar en barco.
El debate sobre esta regularización también impactará las próximas elecciones andaluzas, donde el PP, que inicialmente apoyó una iniciativa legislativa popular en esta línea, ha cambiado su posición y ahora se opone firmemente. Vox ha mantenido una postura de rechazo absoluto.
Uno de los cambios más significativos en el decreto es la regulación de quienes han solicitado protección internacional en España. Anteriormente, se les exigía renunciar a esos trámites para participar en la regularización, pero el nuevo texto permite que continúen con ambos procesos. Esto se hace con la intención de no comprometer la seguridad de aquellos que buscan asilo debido a situaciones de violencia o discriminación.
Desde el Ministerio de Migraciones, han asegurado que el nuevo decreto se ajusta a las recomendaciones del Consejo de Estado, aunque han desestimado algunas sugerencias adicionales. El objetivo sigue siendo facilitar el proceso de regularización para que aquellos que ya están trabajando en el país de manera irregular puedan integrarse legalmente en el sistema.
La voluntad política del Gobierno se refleja en la exposición de motivos del decreto, que argumenta que la regularización no solo ayuda a los inmigrantes, sino que también tiene beneficios para la economía y la seguridad social. Se prevé que los inmigrantes regulares contribuyan significativamente al crecimiento económico y a la sostenibilidad del sistema de bienestar, especialmente en un contexto demográfico donde el envejecimiento de la población española plantea retos importantes.
Como conclusión, la regularización extraordinaria de inmigrantes representa un intento del Gobierno Vasco de abordar tanto la situación de muchos extranjeros en el país como las necesidades económicas de España, alineándose con una visión que contrasta con la de otros gobiernos europeos.
