La reciente normativa del Gobierno central ha generado un notable desasosiego en las asesorías de Euskadi, obligando a rehacer aproximadamente 440.000 nóminas, de las cuales 130.000 corresponden a Gipuzkoa. Esta situación se ha visto agravada por la publicación de la norma el 1 de abril, justo en plena Semana Santa. La regulación establece nuevas bases de cotización y desempleo con carácter retroactivo desde el 1 de enero, lo que ha desbordado a abogados laboralistas, asesores y departamentos de recursos humanos, entre otros profesionales.
El presidente del Colegio de Graduados Sociales de Gipuzkoa, Iñigo de la Peña, ha señalado que esta situación ha derivado en una «grave inseguridad jurídica» y en una «sobrecarga administrativa sin precedentes». Este organismo, que asesora tanto a empresas como a trabajadores en la gestión de nóminas, ha expresado su «profunda preocupación» ante lo que consideran un proceso caracterizado por la ineficacia y la falta de previsibilidad.
La raíz de este desajuste administrativo se encuentra principalmente en el retraso en la aprobación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Este elemento es crucial para determinar las bases de cotización y, al no haberse publicado a tiempo en los últimos años, las empresas han visto comprometida su capacidad para planificar adecuadamente sus costes laborales. Este fenómeno se ha intensificado desde la pandemia, exacerbado por la falta de Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez.
Según estimaciones de la citada institución, rehacer las nóminas en Gipuzkoa implica un esfuerzo administrativo considerable: se requieren unas 10.833 horas de trabajo, equivalentes a 1.354 jornadas laborales. Cada recibo de salario, en promedio, demandará alrededor de cinco minutos para ser revisado y modificado, sumando un esfuerzo monumental para los profesionales encargados de esta tarea.
A pesar de que se ha anunciado la regularización de ciertas cotizaciones de manera automática para los meses de enero y febrero, desde el Colegio se urge a que esta medida se extienda también a marzo, con el fin de mitigar el impacto del nuevo marco normativo. Durante años, las bases de cotización se publicaban en diciembre, lo que permitía una planificación efectiva tanto para las empresas como para los trabajadores, garantizando así una mayor seguridad jurídica.
La situación actual no solo afecta a los despachos profesionales, cuyos recursos están siendo sometidos a presión, sino que también tiene repercusiones directas sobre el funcionamiento de la Administración Pública. Los abogados y asesores se encuentran lidiando con la necesidad de aplicar retroactivamente cambios normativos, lo que complica la gestión de meses de trabajo que ya habían sido cerrados.
Adicionalmente, esta normativa podría llevar a que muchos trabajadores enfrenten retenciones más altas en sus nóminas, reduciendo así el dinero que reciben mensualmente. En particular, quienes se encuentren por debajo de la nueva base mínima serán los más afectados, mientras que las empresas también deben estar preparadas para asumir cotizaciones más altas. Esto conlleva el riesgo de sanciones si no se cumplen los nuevos requisitos establecidos.
Ante este panorama, el Colegio de Graduados Sociales de Gipuzkoa ha propuesto una serie de medidas, entre las cuales se destaca la necesidad de publicar la normativa laboral clave en diciembre para el ejercicio siguiente. En caso contrario, sugieren eliminar el carácter retroactivo de las disposiciones, estableciendo su entrada en vigor al mes siguiente de la publicación.
El desafío actual pone de manifiesto las debilidades de un sistema que depende de una legislación ágil para funcionar correctamente. Esta situación no es solo una queja del sector, sino un llamado a la acción para mejorar la coordinación y la eficacia institucional. Existe una clara asimetría en la modernización del Estado, donde la Administración avanza hacia una digitalización que exige respuestas rápidas de los contribuyentes, mientras su propia maquinaria legislativa opera con lentitud.
Finalmente, cabe señalar que este cúmulo de obligaciones administrativas surge en un contexto crítico, ya que coincide con la campaña de la Renta. Los despachos están bajo presión debido a la presentación de declaraciones, y la reciente actualización de la normativa se suma a la carga de trabajo ya existente, complicando aún más el panorama para los profesionales del sector. Es esencial que se tomen medidas para aliviar esta situación y garantizar que tanto empresas como trabajadores puedan navegar con mayor seguridad y previsibilidad en el ámbito laboral.
