A tan solo un mes de que expire el descuento en la tarifa del transporte público que beneficia a los usuarios de Bizkaia, la incertidumbre persiste sobre la continuidad de este incentivo. La dificultad de llegar a un acuerdo en el Gobierno Vasco complica la posibilidad de prorrogar los descuentos, que se habían previsto entre el 1 de enero y el 20 de febrero, según había anunciado la diputada general, Elixabete Etxanobe.
En una rueda de prensa reciente, la portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena, afirmó que la extensión de los descuentos se llevaría a cabo «tal y como estaba planteada, pero con el aval jurídico correspondiente». Esto sugiere que, si se materializa, los usuarios vizcaínos podrían beneficiarse de una bonificación del 50%, superando el actual 40%, tal como propuso Etxanobe.
Sin embargo, la postura del Departamento de Movilidad Sostenible, bajo la gestión del PSE, ha generado dudas respecto a lo anunciado por Ubarretxena. Funcionarios de este departamento expresaron su percepción de que el optimismo mostrado por Ubarretxena era excesivo, señalando que la Diputación podría prolongar las ayudas con financiación propia, aunque el Gobierno Vasco aboga por garantizar la seguridad jurídica y la equidad en todas las ayudas públicas a la ciudadanía de Euskadi, evitando desigualdades en el ámbito del transporte.
Actualmente, la financiación del descuento es compartida entre la Diputación y el Gobierno central, que cubren la mitad de la bonificación cada uno. Este panorama se complica aún más por la falta de claridad en cuanto a si el Gobierno central mantendrá su parte del apoyo financiero. Representantes del área de Hacienda del Gobierno Vasco han expresado su preocupación por la «falta de seguridad jurídica» que podría surgir si se avanza en esta dirección.
Recientemente, esta división se hizo evidente en una reunión del Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB), donde el PNV tiene la mayoría. Los representantes de Hacienda no asistieron a la sesión en la que Etxanobe planeaba aprobar la prórroga, lo que permitió que el PSE, que también es contrario a extender los descuentos sin una decisión clara de Madrid, obtuviera la mayoría. Esta situación causó un gran malestar en la Diputación, que vio debilitada su posición.
Desde el entorno de d’Anjou, se ha comunicado que están dispuestos a considerar la prórroga de los incentivos, siempre que se trabaje para que la seguridad jurídica sea total. Mencionaron su confianza en que una solución se alcance antes del 31 de diciembre, aunque las dudas persisten.
A pesar de la oposición del área de Hacienda y del PSE, el equipo de Etxanobe sostiene que su propuesta cuenta con la aprobación de la secretaria y el interventor del CTB, quienes son responsables de asegurar la legalidad de las decisiones adoptadas. Sin embargo, la cuestión de los plazos sigue siendo problemática, ya que los estatutos del CTB, que datan de los años 70, exigen un periodo de exposición pública de 30 días para medidas de esta magnitud.
Etxanobe intentó aprobar la prórroga en la reunión anterior para que la bonificación pudiera entrar en vigor el 1 de enero, pero actualmente no hay convocadas nuevas reuniones, lo que añade presión a las partes involucradas a medida que el plazo se acerca.
La situación refleja un conflicto no solo entre el PSE y el PNV, sino también dentro del propio partido mayoritario. La lucha por la continuidad de los descuentos en el transporte público de Bizkaia pone de manifiesto las tensiones internas en el Gobierno Vasco y la necesidad de alcanzar un consenso que beneficie a los usuarios y garantice la seguridad jurídica necesaria para la ejecución de estas políticas.
