El inicio de las operaciones de Uber en San Sebastián ha suscitado un intenso debate sobre la regulación de los vehículos de turismo con conductor (VTC) en Gipuzkoa. Felipe Fernández Aramburu, director general de la multinacional, advirtió que la provincia necesita un marco regulatorio estable para este tipo de servicios. Durante la última sesión en las Juntas Generales de Gipuzkoa, el portavoz del PP, Mikel Lezama, cuestionó a la diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, sobre la seguridad de la normativa actual y si esta podría permitir que Uber continúe operando, a pesar de que diversas instituciones afirman que su actividad es ilegal.
La discusión gira en torno a la legalidad del marco regulatorio vigente. En múltiples ocasiones, se ha argumentado que Uber y otros servicios similares no deberían operar en Gipuzkoa debido a la falta de licencias: ni de la Diputación para trayectos interurbanos ni del Ayuntamiento de Donostia para servicios urbanos. Sin embargo, después de varios meses de actividad, los 30 vehículos eléctricos de Uber siguen en funcionamiento, sin que se hayan impuesto sanciones y mientras las instituciones gestionan la verificación de su legalidad.
La situación se complica debido a que una licencia otorgada en Bizkaia ha permitido a Uber operar en Gipuzkoa, alegando que según la normativa autonómica, dicha licencia es válida para toda la comunidad. Este hallazgo ha puesto en entredicho la capacidad de las instituciones vascas para regular adecuadamente el sector de los VTC. La sentencia europea del 8 de junio de 2023 ha añadido más complejidad al tema, al declarar ilegales diversas restricciones impuestas a los VTC, lo que impacta directamente en la legislación vigente en Euskadi.
El debate actual se centra en si las licencias obtenidas permiten a los vehículos prestar servicios también en el ámbito urbano, dado que las regulaciones existentes establecen que solo se autorizarían trayectos interurbanos. A diferencia de otras comunidades autónomas como Madrid o Cataluña, Euskadi aún carece de una regulación clara para la concesión de estas licencias a nivel municipal. Uber argumenta que la normativa podría ser considerada ilegal, basándose en el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha revolucionado la estructura del sector.
El Tribunal ha considerado que la exigencia de contar con una segunda licencia para operar en entornos urbanos es discriminatoria. Esto plantea un conflicto entre la regulación de la industria del taxi y la libre competencia, un aspecto que ha sido respaldado por la jurisprudencia europea. La compañía se ampara en que con una única licencia es suficiente para ofrecer servicios en Donostia, sabiendo que en un eventual litigio, la balanza se inclinaría hacia la defensa de la competencia.
En resumen, la llegada de Uber a Gipuzkoa plantea interrogantes sobre la adecuación de la normativa actual y la capacidad de las autoridades para regular un sector en constante evolución. La situación exige una revisión a fondo de las políticas de movilidad en la región, especialmente en un contexto donde la demanda por servicios de transporte alternativos crece. La necesidad de un marco regulatorio claro se vuelve imperativa para evitar futuros conflictos y garantizar tanto la protección de los servicios tradicionales como la innovación en el sector del transporte.
