El alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, ha reiterado su intención de que el impuesto sobre estancias turísticas se implemente en la capital guipuzcoana antes del próximo verano. Según Insausti, existe un amplio consenso tanto político como social para que esta medida se lleve a cabo lo más pronto posible. El alcalde ha instado a los grupos que forman parte de las Juntas Generales a que se escuchen las demandas de los ciudadanos de Donostia, especialmente en lo que respecta a este nuevo impuesto.
Sin embargo, esta propuesta choca con el calendario establecido por su propio partido en las tres diputaciones forales, donde se ha fijado el 1 de enero de 2027 como fecha de entrada en vigor de esta normativa. Este plazo, acordado con el objetivo de permitir a los ayuntamientos el tiempo necesario para adaptar sus respectivas ordenanzas fiscales, no parece estar en discusión por el momento. Cabe destacar que tanto en Gipuzkoa como en Álava, el PNV y el PSE-EE no cuentan con la mayoría en el Parlamento foral, lo que complica aún más la situación.
La diputada de Hacienda de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, ha afirmado que el impuesto comenzará a aplicarse en todos los municipios de Euskadi el 1 de enero de 2027. Esta afirmación se sustenta en la obligatoriedad del impuesto, que debe ser implementado de manera uniforme en todos los municipios, tal como se ha acordado a partir de la petición de Eudel y del sector de la hostelería. Berrojalbiz ha enfatizado que no es viable aprobar una normativa en junio y esperar que esté en funcionamiento en julio.
Además, es importante recordar que, aunque el impuesto es obligatorio, los ayuntamientos tienen la potestad de decidir sobre sus propias ordenanzas, así como sobre la aplicación de recargos y bonificaciones. La normativa se espera que sea aprobada en junio, lo que otorgaría a los consistorios un margen de seis meses para ajustar sus ordenanzas fiscales antes de la entrada en vigor del impuesto. En caso de que no realicen las adaptaciones necesarias dentro de ese plazo, se aplicarían los tipos de gravamen más altos establecidos para cada tipo de establecimiento.
La diputada ha defendido la necesidad de respetar la autonomía municipal, aclarando que cada ayuntamiento debe decidir cómo gestionar el nuevo impuesto sobre estancias turísticas. Berrojalbiz ha subrayado que el proceso se lleva a cabo de forma pausada, teniendo en cuenta las opiniones de los distintos sectores involucrados. “La fecha del 1 de enero de 2027 se ha fijado para garantizar que todos los municipios estén listos”, ha declarado.
Por su parte, Insausti ha subrayado que la situación actual en Donostia requiere una respuesta inmediata y ha instado a los grupos políticos a que aprovechen la fase decisiva que entra la norma para introducir mejoras a través de enmiendas. El plazo de presentación de enmiendas en las Juntas guipuzcoanas está abierto hasta el 24 de este mes, lo que brinda una oportunidad para realizar modificaciones antes de la votación final.
El alcalde ha hecho hincapié en que la implementación del impuesto no debe ser vista como una excusa para retrasar la solución a los problemas que ya enfrenta la ciudad. “Es fundamental escuchar a aquellos que están en la primera línea y mejorar los acuerdos”, ha afirmado. Insausti considera que “quienes disfrutan de la ciudad también deben contribuir a su mejora”, destacando la importancia de este nuevo impuesto para el desarrollo urbano sostenible de Donostia.
En resumen, mientras que el Gobierno Vasco ha establecido una fecha clara para la implementación del impuesto sobre estancias turísticas, el alcalde de Donostia sigue presionando para que se realice antes, apoyado por lo que él considera un consenso generalizado en la comunidad. Este debate refleja las complejidades políticas actuales en Gipuzkoa y la necesidad de equilibrar las decisiones locales con los acuerdos forales.
