El Gobierno Vasco ha decidido ampliar los servicios mínimos durante la huelga de comedores en las escuelas públicas, con el objetivo de asegurar que todos los estudiantes puedan ser atendidos durante las horas de jantoki. En la anterior convocatoria, solo se garantizaba la atención a los menores de Infantil y 1º de Primaria. A raíz de esta situación, el Departamento de Educación ha permitido que todos los alumnos lleven comida de casa durante los tres días de paros programados.
En una circular enviada a los centros educativos, la consejera María Ubarretxena ha enfatizado que «el comedor no se puede cerrar». En este documento, se aclara que en aquellos centros donde no se puedan elaborar los menús para todos los alumnos, se autoriza excepcionalmente a llevar comida de casa solo durante las jornadas afectadas por la huelga, siempre que no requiera preparación, refrigeración o calentamiento.
La normativa establece que «se priorizarán los bocadillos o alimentos en envases cerrados, identificados y fáciles de abrir por el alumnado». Además, el uso de las instalaciones se ha regulado para que los estudiantes que acudan con comida de casa puedan utilizar el espacio habitual del comedor o uno que el centro determine, según los ajustes del servicio. La supervisión de los menores estará a cargo del personal monitor, ajustándose a la disponibilidad del mismo.
La convocatoria de huelga ha sido impulsada por los sindicatos LAB, ELA, CC OO y UGT, que han programado tres días de paros esta semana, sumándose a otros tres que ya se realizaron a finales de febrero. Durante la huelga anterior, se generó controversia en algunos centros donde se prohibió a los menores consumir los bocadillos que habían traído de casa, debido a la falta de personal para supervisar su consumo. En ese momento, los servicios mínimos solo aseguraban atención para los alumnos de Infantil y 1º de Primaria.
Con la nueva orden emitida por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, se establece que debe haber un monitor por cada 9 comensales de 2 y 3 años; otro por cada 15 menores de 3 años, y para el resto del alumnado, debe estar disponible el 15% del total de monitores del centro. Esta disposición busca priorizar el cuidado de los niños más pequeños.
La circular del Departamento de Educación indica que es fundamental diferenciar entre la normalidad en la preparación de los menús y la atención del alumnado por parte del personal monitor. En caso de que el servicio no se pueda ofrecer en condiciones habituales, los centros tendrán la autorización para adaptar su funcionamiento durante los días de huelga.
En una manifestación reciente en Bilbao, Amaia Armentia, portavoz de LAB, aclaró que cada centro tiene la responsabilidad de organizar los servicios según lo considere necesario. «Ahí no nos metemos, es responsabilidad de cada centro decidir lo que permite o lo que no con los servicios mínimos establecidos», afirmó. Además, destacó que «no trabajamos con tornillos, trabajamos con criaturas», refiriéndose a la importancia de atender a los menores con el número adecuado de trabajadores.
Armentia también valoró de forma «muy positiva» la decisión del Gobierno Vasco de reducir progresivamente la ratio de alumnos de Primaria por monitor, de 37 a 30 para el curso 2027/28, señalando que este cambio era necesario y llevaba sin implementarse desde el año 2000. Asimismo, hizo un llamado a que el Gobierno negocie todos los aspectos relacionados con el funcionamiento de los comedores, incluyendo las funciones del personal y las jornadas mínimas.
Los sindicatos tienen previsto reunirse con las empresas encargadas del servicio de catering para abordar las demandas de los trabajadores. Estos reclaman el pago de atrasos acumulados desde enero de 2024 y la firma de un nuevo convenio, que lleva más de dos años caducado. La semana pasada, las empresas mostraron disposición para implementar aumentos salariales del 20% hasta 2028, aunque los sindicatos argumentan que esto ya estaba incluido en el convenio anterior.
La situación actual genera fricciones en torno a la equiparación de estos trabajadores con el personal del Departamento de Educación. Según Armentia, se exige que dicha equiparación tenga efectos retroactivos desde 2023, mientras que las empresas proponen que se realice a partir de septiembre de 2027.
