El Ayuntamiento de Donostia ha decidido colaborar estrechamente con el Departamento vasco de Vivienda para defender los derechos de aproximadamente 500 familias residentes en Benta Berri que ocupan viviendas de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler. Esta acción se produce en un contexto en el que los contratos de arrendamiento están a punto de vencer, ya que la empresa propietaria, Testa Homes, ha manifestado su intención de no renovarlos. El alcalde, Jon Insausti, hizo este anuncio durante una rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Gobierno Local.
Insausti mantuvo un encuentro con el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, la semana pasada en la sede del Gobierno Vasco. Durante la reunión se abordó la situación de las 510 VPO de Benta Berri, de las cuales al menos 40 familias ya han recibido notificaciones de la propiedad sobre el próximo vencimiento de sus contratos. La asociación vecinal Alokairu se ha manifestado confiada en el apoyo que recibirán del Departamento de Vivienda y ha anunciado que no se rendirán, destacando su intención de llevar a cabo «movilizaciones» para oponerse a cualquier intento de desalojo o cambio en su situación contractual.
Históricamente, en los años 90, el Gobierno Vasco adjudicó a una unión temporal de empresas la construcción y explotación de estas viviendas durante 75 años. Una de las condiciones estipuladas era que las viviendas mantendrían su calificación de VPO durante los primeros 30 años, es decir, hasta 2028, y que los primeros 12 años se destinarían exclusivamente al alquiler. En 2010, los inquilinos lograron que el Ayuntamiento intercediera para prorrogar los contratos cinco años más, con la posibilidad de prórrogas anuales adicionales.
En 2018, la UTE Benta Berri vendió los inmuebles al fondo de inversión Blackstone-Testa Homes, que ahora busca recuperar estas propiedades para modificar los contratos de alquiler, ya que las viviendas han perdido su estatus de VPO. Ante esta situación, el Gobierno Vasco ha renovado las esperanzas de los inquilinos a través de la nueva Ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, que permite la prórroga de los contratos por tres años adicionales. El departamento está a la espera de una reunión con Testa para conocer sus intenciones, aunque Itxaso ya ha comunicado a los inquilinos su compromiso de defender «estrictamente» sus derechos.
En una reciente declaración, Insausti expresó su «preocupación» por la situación que enfrentan los inquilinos de Benta Berri. Aseguró que su prioridad es estar al lado de los arrendatarios, reiterando su disposición a colaborar con el Gobierno Vasco. «Solicité que se utilicen todas las medidas legales posibles para que las 500 familias puedan continuar viviendo en estos pisos», añadió el alcalde. Según Insausti, el consejero demostró una actitud positiva y se comprometió a trabajar en la implementación de diversas soluciones.
Esta situación ha generado un clima de incertidumbre entre los inquilinos, quienes ven cómo se aproxima el final de sus contratos de alquiler. La posibilidad de perder su hogar moviliza a la comunidad, que se organiza para defender sus derechos. El compromiso del Gobierno Vasco y del Ayuntamiento se presenta como un factor clave para encontrar una solución viable que permita a las familias seguir en sus viviendas a precios asequibles. La defensa de los derechos de los inquilinos de Benta Berri se ha convertido en un tema de relevancia social en Donostia, donde la escasez de viviendas asequibles es un problema creciente.
