El Gobierno Vasco ha tomado la decisión de rechazar el proyecto del parque eólico Kastillo, promovido por la empresa Plauri S.L., debido a su considerable impacto ambiental. La propuesta, que contemplaba la instalación de cuatro aerogeneradores en una zona que abarca los municipios de Otxandio, Ubide (Bizkaia) y Legutio (Álava), tenía un coste estimado de 20,5 millones de euros.
La resolución, que se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, destaca que la infraestructura propuesta podría provocar afectaciones significativas a hábitats sensibles, corredores de fauna y paisajes protegidos. Este análisis ha llevado a emitir una declaración de impacto ambiental negativa, resaltando los graves riesgos ecológicos asociados a la instalación de los aerogeneradores, que se preveían de 5 MW cada uno.
El Departamento Vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, encargado de evaluar este tipo de proyectos, determinó que la ubicación de los aerogeneradores plantea riesgos para diversas especies, incluyendo aves protegidas y murciélagos. En particular, tres de los aerogeneradores se sitúan en una zona de protección para aves y otros hábitats prioritarios, lo que agrava la preocupante situación ambiental en la que se pretende desarrollar el proyecto.
El análisis también ha confirmado que la localización de los aerogeneradores se encuentra cerca de varios espacios que forman parte de la Red Natura 2000, lo que acentúa la necesidad de proteger estas áreas. Entre los espacios destacados en el informe se encuentran las zonas especiales de conservación de los Embalses del Sistema del Zadorra, de Gorbeia y de Aizkorri-Aratz. Estos espacios son vitales para la preservación de la biodiversidad y del patrimonio natural de Euskadi.
El rechazo a este proyecto se enmarca dentro de un contexto más amplio de atención creciente hacia la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente en la región. En este sentido, el Plan Territorial Sectorial de las Energías Renovables en Euskadi también ha sido un referente importante, ya que establece criterios sobre la ubicación de infraestructuras energéticas, priorizando aquellas áreas con menor sensibilidad ecológica.
Las autoridades han subrayado que los aerogeneradores propuestos se ubicarían en zonas con baja aptitud eólica. De esta manera, se cuestiona no solo la viabilidad técnica del proyecto, sino también su alineación con las políticas de sostenibilidad que el Gobierno Vasco promueve. La decisión final refleja un compromiso firme con la protección de la naturaleza y un desarrollo energético que no comprometa la salud de los ecosistemas.
Este rechazo también plantea interrogantes sobre futuros proyectos de energía renovable en la región, donde el balance entre desarrollo económico y protección medioambiental se vuelve crucial. La capacidad de encontrar soluciones que favorezcan ambas necesidades es un reto constante para el Gobierno Vasco y las empresas del sector. En los próximos meses, será de vital importancia observar cómo se desarrollan las políticas energéticas en Euskadi y cómo estas se adaptan a un contexto en el que la sostenibilidad cobra cada vez más relevancia.
