El Gobierno Vasco ha expresado su condena este martes con respecto a la matanza ocurrida el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, donde cinco personas perdieron la vida a causa de disparos por parte de la Policía Armada durante una asamblea de trabajadores. Esta declaración institucional, aprobada en el marco del Consejo de Ministros, califica los hechos de hace cinco décadas como una respuesta “desproporcionada” por parte de las fuerzas de seguridad.
En este contexto, el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, quien estuvo presente en un acto de homenaje en Vitoria, subrayó la importancia de recordar estos episodios dolorosos. Sin embargo, el Gobierno central se ha mostrado reticente a asumir una responsabilidad más directa, a pesar de las peticiones de varios partidos de izquierdas y de algunas víctimas que instan a un reconocimiento más profundo de la implicación estatal en estos eventos trágicos.
Martínez destacó que “la consolidación de nuestra democracia exige abordar de manera honesta sucesos como el del 3 de marzo, tanto ante las víctimas como ante la sociedad alavesa”. En la misma línea, la declaración institucional no hace mención a la posible desclasificación de documentos relacionados con la masacre. Este hecho ha generado un sentimiento de decepción en el PNV, que esperaba un reconocimiento explícito del papel activo del Estado en lo ocurrido.
En comparación, la resolución adoptada por el PNV y el PSE en el Parlamento de Vitoria la semana pasada sí hacía referencia al “papel” del Estado en la masacre. Esta moción exigía también una condena de la actuación del Gobierno presidido por Arias Navarro, así como el desbloqueo en el Congreso de la reforma de la ley de secretos oficiales. La falta de un reconocimiento más explícito de la implicación estatal ha dejado insatisfechos a muchos de los que luchan por la justicia en este caso.
El secretario de Estado enfatizó que el sacrificio del pueblo de Vitoria fue un catalizador crucial para la conquista de la democracia en España en un periodo histórico de intensa lucha social. “La memoria del 3 de marzo nos recuerda la contribución decisiva del movimiento obrero a la recuperación de las libertades”, afirmó, aludiendo a la importancia de estos sucesos en el contexto de la transición democrática del país.
El Gobierno central ha realizado un acto simbólico al descubrir una placa en la iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria-Gasteiz, declarada “Lugar de Memoria Democrática”. Este reconocimiento busca no solo honrar a las víctimas, sino también servir como recordatorio de la lucha por derechos fundamentales y laborales que se vivió en ese momento. Sin embargo, la declaración omite una referencia a posibles acciones encaminadas a desclasificar documentos que podrían arrojar luz sobre la intervención estatal durante la represión.
La posición del Gobierno Vasco y del secretario de Estado refleja una tensión entre el deber de memoria histórica y la necesidad de rendir cuentas. El hecho de que aún persistan dudas sobre la responsabilidad del Estado en esta masacre es un recordatorio de que la reconciliación y el reconocimiento de la verdad son caminos aún por recorrer en la sociedad española.
En conclusión, la matanza de Vitoria, que se remonta a hace casi cinco décadas, sigue siendo un tema candente en el debate político actual. La falta de reconocimiento explícito del Estado sobre su implicación en estos acontecimientos fatídicos resalta la dificultad de afrontar el pasado, lo que complica el proceso de construcción de una memoria colectiva que incluya todas las voces. La declaración del Gobierno central es un paso, pero aún queda un largo camino por recorrer hacia la verdad y la reconciliación.
