El Gobierno Vasco ha reafirmado su postura respecto a la política penitenciaria aplicada a los presos de ETA, destacando que no se realizarán cambios en esta dirección. Esta afirmación proviene de la consejera María Ubarretxena, quien en una rueda de prensa celebrada el martes, abordó las recientes decisiones tomadas por el Departamento de Justicia y Derechos Humanos, liderado por María Jesús San José. Las medidas incluyen la concesión del tercer grado y la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, lo que ha permitido que un número significativo de reclusos salga de prisión a diario para trabajar o participar en actividades de voluntariado.
Ubarretxena ha defendido que las decisiones tomadas están fundamentadas en «criterios técnicos», dejando claro que, en última instancia, corresponde a un juez decidir sobre cada caso. «Con o sin la intervención de la Fiscalía», subrayó la portavoz, haciendo énfasis en que estas acciones se enmarcan dentro de la legalidad vigente.
A pesar de esta defensa, los grupos de víctimas han manifestado su descontento con la actual política del Gobierno Vasco. Recientemente, el colectivo Covite criticó la concesión del tercer grado al etarra Jon Bienzobas, quien fue responsable del asesinato de Francisco Tomás y Valiente, expresidente del Tribunal Constitucional. Entre otros casos que han generado controversia se encuentran los de figuras prominentes de ETA, como el exjefe Mikel Garikoitz Aspiazu, conocido como ‘Txeroki’, y la exdirigente Soledad Iparraguirre, apodada ‘Anboto’.
En este contexto, la Fiscalía ha recurrido la aplicación del artículo 100.2 a Iparraguirre, argumentando que el uso de esta normativa fue inapropiado, ya que se consideró una especie de «conversión encubierta del tercer grado». Ubarretxena expresó su comprensión hacia el malestar de las víctimas, pero evitó profundizar en sus críticas y preocupaciones.
La complejidad de la política penitenciaria en el País Vasco resalta la tensión entre los derechos de los reclusos y el dolor de las víctimas. La gestión de estas situaciones es un tema delicado y a menudo polémico que afecta a múltiples sectores de la sociedad vasca. La Copa del Rey es un evento que reúne a diferentes partes de la comunidad, pero las decisiones sobre la política penitenciaria tienden a ser divisorias. El 20 de enero se espera que se retomen los debates en torno a este tema en diversas plataformas, donde se abordarán las implicaciones de las políticas actuales.
En resumen, el Gobierno Vasco mantiene su postura firme en la aplicación de su política penitenciaria, a pesar de las críticas recibidas. La consejera María Ubarretxena ha asegurado que se seguirán tomando decisiones basadas en criterios técnicos y judiciales, pero la controversia persiste en la sociedad vasca. Las víctimas continúan exigiendo una revisión de estas políticas, lo que sugiere que el debate sobre la justicia y la reparación seguirá siendo un tema candente en Euskadi.
