El debate sobre las competencias penitenciarias en el País Vasco ha vuelto a cobrar relevancia tras la decisión del Gobierno Vasco de otorgar el tercer grado penitenciario a Jon Bienzobas Arretxe. Esta resolución permite al recluso disfrutar de un régimen de semilibertad, justo cuando se encuentra a un año de cumplir la totalidad de sus penas.
La administración autonómica fundamenta esta progresión de grado en varios aspectos técnicos y personales que se encuentran en el reglamento penitenciario. Según los informes pertinentes, la decisión se respalda en la aplicación del artículo 83, que destaca varios factores clave: el mantenimiento de una buena conducta dentro del centro penitenciario de Zaballa, la disponibilidad de una oferta laboral concreta que facilitaría su inserción social, y la elaboración de un manuscrito en el que el condenado asume su responsabilidad por el dolor causado y expresa su deseo de contribuir a una convivencia pacífica.
Conocido por el alias de «Karaka», Bienzobas se encuentra cumpliendo múltiples condenas que suman más de 260 años de cárcel. A pesar de la gravedad de sus sentencias, la proximidad de la fecha que marca el final de su condena ha acelerado la revisión de su estatus jurídico.
La decisión ha generado una fuerte reacción entre los colectivos de víctimas, como Covite y la AVT, que han expresado su rechazo a la medida. Estas organizaciones consideran que el uso de cartas privadas como prueba de arrepentimiento carece de validez sin una colaboración activa con la justicia o un desmarque claro del terrorismo. Covite ha calificado el proceso de «engaño», argumentando que lo que debería ser una validación de hechos verificables se está convirtiendo en un mero trámite burocrático basado en «actos de fe» que las víctimas no están obligadas a aceptar. Además, hacen hincapié en que la jurisprudencia reciente de la Audiencia Nacional exige evidencias claras de desvinculación para que estos beneficios sean justificados.
La figura de Bienzobas está asociada con algunos de los episodios más oscuros de la historia reciente de España, como el asesinato de Francisco Tomás y Valiente, expresidente del Tribunal Constitucional, en 1996. Este atentado, que tuvo lugar en su despacho, provocó una gran conmoción social. También se le condenó por la muerte de Rafael San Sebastián Flechoso en Getxo en 1990, y su historia delictiva incluye un largo proceso judicial en Francia tras su arresto en 1999 por robos de material explosivo. La suma de estas acciones ha llevado a una condena global que ahora se ve reducida gracias a la progresión al tercer grado.
La implementación del control telemático y el uso del artículo 86 han suscitado considerable controversia entre los colectivos de víctimas. Se ha señalado que muchos reclusos de ETA, una vez beneficiados, pasan rápidamente al régimen de control a distancia, que permite pernoctar fuera de prisión con supervisión a través de una pulsera telemática. La crítica reside en que el Gobierno Vasco no comunica con claridad cuándo se produce esta transición de semilibertad restringida a este sistema de control, lo que es considerado por las asociaciones como una «semilibertad encubierta» que menoscaba la dignidad de las víctimas del terrorismo.
En este contexto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se encuentra bajo el escrutinio de los colectivos de víctimas, quienes demandan una mayor firmeza al recurrir estas decisiones administrativas. La preocupación se centra en asegurar que la reinserción sea auténtica y no un simple atajo legal ante el próximo cumplimiento de las condenas, lo que podría tener implicaciones significativas para la justicia en el País Vasco.
