El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha reafirmado en el Parlamento Vasco, durante una intervención reciente, el compromiso del Gobierno Vasco con la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Según Torres, en las ofertas de empleo público se reserva un cupo que supera el mínimo legal establecido. Esta medida refleja un esfuerzo por parte del ejecutivo autonómico para garantizar oportunidades laborales justas.
Durante su comparecencia, Torres respondió a una interpelación relacionada con las declaraciones de excepcionalidad en cuanto al cumplimiento del Real Decreto de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad. Aseguró que Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, «actúa con rigor jurídico», garantizando que cada solicitud cumple con los requisitos establecidos. Además, cuando es necesario, se implementan las medidas alternativas exigidas por la ley.
El consejero subrayó que las solicitudes de declaración de excepcionalidad son gestionadas de acuerdo con la normativa vigente. En este sentido, el Gobierno Vasco ha respondido siempre a dichas solicitudes en cumplimiento del mandato legal que indica el artículo 42 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Esta afirmación pone de manifiesto la seriedad con la que se aborda el tema de la inclusión laboral en el ámbito público.
Torres, en su intervención, enfatizó que «no basta» con cumplir la ley, sino que el Gobierno Vasco debe posicionarse como un referente en la inclusión laboral para toda la sociedad. Afirmó que no se trata de decisiones arbitrarias, sino de aplicar un marco normativo que contempla expresamente casos de excepcionalidad. Esto implica un compromiso no solo legal, sino también ético y social.
El papel activo que desempeña el Gobierno Vasco a través de Lanbide es crucial, según Torres. Se están implementando políticas activas que incluyen ayudas a la contratación y financiación para la adaptación de puestos de trabajo, así como medidas de acompañamiento durante el periodo inicial de incorporación de personas con discapacidad. Estas acciones buscan facilitar la integración de estas personas en el mercado laboral.
Adicionalmente, el consejero subrayó que el sector público no puede limitarse a una aplicación formal de la ley. Debe desarrollar mecanismos internos que fomenten la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Esta visión más amplia busca transformar la cultura del trabajo, promoviendo la diversidad como un valor añadido en las organizaciones.
Torres aclaró que el cumplimiento del marco legal y la valoración social de las declaraciones de excepcionalidad son aspectos que difieren significativamente. «El objetivo de la norma no es otro que avanzar hacia una sociedad más inclusiva, en la que las personas con discapacidad participen plenamente en el mercado de trabajo en condiciones de igualdad», subrayó. Esta afirmación resalta la importancia de un enfoque proactivo en la lucha por la inclusión laboral.
Sin embargo, el consejero advirtió que la excepcionalidad no puede convertirse en una práctica habitual. Resaltó la necesidad de intensificar el trabajo de sensibilización y la transformación organizativa en empresas, tanto públicas como privadas, para garantizar que se integre de manera efectiva a las personas con discapacidad. «No se trata solo de cumplir un porcentaje; se trata de cambiar una cultura, de entender que la diversidad en las plantillas no es una carga, sino un valor», concluyó.
