Las colonias de verano que se desarrollen en el País Vasco tendrán la obligación de incluir un responsable de protección de la infancia. Esta medida forma parte de un nuevo decreto promovido por el Gobierno Vasco, que tiene como objetivo principal mejorar la seguridad de los menores y prevenir situaciones similares a las que ocurrieron en un campamento en Bernedo, en Álava.
La normativa, que se enmarca en la Ley 2/2022 de Juventud, establece requisitos más estrictos para actividades como campamentos, campos de voluntariado y udalekus. Una de las medidas más destacadas es la obligación de nombrar a un delegado de protección de la infancia, que debe tener formación específica para desempeñar su labor.
Este delegado podría ser el propio director del campamento, siempre que cumpla con los requisitos formativos. Sus funciones incluyen la explicación y aplicación de protocolos de prevención frente a la violencia, así como la activación de mecanismos de actuación en caso de sospecha de situaciones de riesgo. Además, tendrá que informar sobre cualquier situación potencialmente peligrosa, cumpliendo con la normativa vigente, y protegerá los datos sensibles de los menores.
El decreto también impone una mayor carga documental a las entidades organizadoras. Así, la declaración responsable que deben presentar será más exhaustiva, incluyendo protocolos de actuación ante la violencia y certificados de antecedentes penales del personal, que deberán renovarse anualmente.
La creación de esta nueva regulación surge tras la controversia generada el verano pasado en un campamento de Bernedo, que fue gestionado por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea. Varias familias expresaron su preocupación por prácticas como las duchas nudistas mixtas entre menores y monitores, las cuales no habían sido comunicadas previamente. Según los relatos, algunos jóvenes, de entre 13 y 15 años, se vieron obligados a compartir estos espacios sin distinción de sexo, lo que generó una gran alarma social. Algunos padres afirmaron que sus hijos regresaron “traumatizados y asustados” debido a la falta de información y las dificultades para comunicarse con ellos durante el campamento.
La situación provocó una fuerte inquietud entre las familias, quienes criticaron la falta de claridad en la organización y la escasa supervisión de las actividades. Esta polémica hizo evidente la necesidad de establecer normas más precisas para garantizar la seguridad de los menores en estas actividades.
El objetivo del Gobierno Vasco es que el nuevo decreto esté en vigor antes del próximo verano, reemplazando la regulación que había estado vigente desde 1985. Esta normativa había sido considerada obsoleta debido a su carácter general y la falta de especificidad en cuestiones críticas para la protección de los jóvenes.
Con esta actualización, el Ejecutivo autonómico busca ofrecer un mayor control sobre las actividades de ocio educativo y asegurar entornos seguros para los menores, con el fin de prevenir incidentes similares a los ocurridos en Bernedo. La implementación de estas nuevas exigencias es un paso importante hacia la mejora de la seguridad y el bienestar de los jóvenes en el contexto de las actividades de verano.
