El Gobierno Vasco ha reiterado que las decisiones sobre la progresión de grado de los reclusos se toman siguiendo criterios técnicos, aunque la última palabra recae en un juez. Este pronunciamiento llega en medio de la controversia generada por la concesión de un régimen de semilibertad a presos de ETA, un tema que ha suscitado fuertes críticas por parte de las víctimas del terrorismo.
La portavoz del Ejecutivo autonómico, consejera María Ubarretxena, se manifestó en una rueda de prensa celebrada el martes, un día después de que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, encabezado por Consuelo Ordóñez, denunciara la concesión de un tercer grado «fraudulento» al preso Jon Bienzobas, condenado por el asesinato del catedrático Francisco Tomás y Valiente. Ubarretxena subrayó que la consejera de Justicia, María Jesús San José, ha mantenido esta postura en el Consejo de Gobierno, insistiendo en que el procedimiento a seguir es claro y que siempre se basa en criterios técnicos.
La concesión del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario permite a los presos de ETA salir de la cárcel de lunes a viernes para trabajar o realizar actividades de voluntariado. Esta normativa ha sido objeto de críticas por parte de las víctimas, quienes consideran que se trata de una aplicación inadecuada que minimiza el dolor causado por el terrorismo. Entre los beneficiarios de este régimen se encuentran antiguos miembros de la banda como Garikoitz Aspiazu, conocido como ‘Txeroki’, y Soledad Iparraguirre, apodada ‘Anboto’.
Ubarretxena reconoció que entiende la incomodidad que esta situación genera entre las víctimas: «Desde la empatía podemos entenderlo perfectamente». Sin embargo, destacó que el proceso de concesión del grado obedece a motivos técnicos. En este sentido, reafirmó que la decisión final siempre corresponde a un juez, con o sin la intervención de la Fiscalía, afirmando que «ahí es donde está la última palabra».
La situación actual plantea un debate complejo sobre la aplicación de las normativas penitenciarias en casos de terrorismo y cómo estas decisiones afectan a las víctimas, quienes a menudo sienten que no se les hace justicia. El Gobierno Vasco sigue defendiendo su postura y el procedimiento establecido, pero la presión social y las voces de las víctimas continúan siendo un elemento importante en este debate.
A medida que esta discusión avanza, es probable que se generen nuevas propuestas legislativas o ajustes en las políticas penitenciarias, buscando un equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y la necesidad de justicia para las víctimas del terrorismo. La situación en Gipuzkoa y el impacto de estas decisiones serán elementos clave a seguir en los próximos meses.
