En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, la secretaria general de Sumar Mugimendua, Alba García, expuso su crítica hacia el Gobierno Vasco, al que acusa de «falta de rumbo» y de no ser capaz de abordar «los problemas reales» que enfrentan los ciudadanos. García enfatizó que el Ejecutivo carece de «valentía política» para abordar la crisis de la vivienda y exhibe «cierta hipocresía institucional», dado que, a pesar de sus discursos, no destina «recursos suficientes para la acogida ni la inclusión de las personas migrantes».
La dirigente de Sumar afirmó que la administración actual parece más centrada en «el marketing y la propaganda» que en ofrecer soluciones efectivas, lo que resulta en una «incapacidad para dar respuestas concretas». En cuanto a la problemática del alquiler, criticó el Decreto de prórroga de contratos de alquiler, que considera insuficiente y que, según ella, solo fue posible gracias a la influencia de Sumar en el Gobierno central. García destacó que esta medida beneficia a más de 25.000 familias y personas inquilinas en Euskadi, al tiempo que busca frenar la especulación en el sector.
García también advirtió sobre el aumento del precio del alquiler en Euskadi, que nunca ha dejado de ascender, y cuestionó la inacción del Ministerio de Vivienda, dirigido por el consejero socialista Denis Itxaso. Según García, el Ejecutivo vasco es «inútil» y está «instalado en la inoperancia», lo que impide la aplicación de las herramientas que la ley vasca de Vivienda ofrece para hacer frente a esta crisis. La crítica se extiende a la falta de voluntad para ampliar el parque público de viviendas, algo que considera esencial en la lucha por el derecho a la vivienda.
Por otro lado, García valoró positivamente la reciente regularización de migrantes, aprobada en el Consejo de Ministros, que beneficiará a unas 26.000 personas en Euskadi. Este proceso, según la secretaria de Sumar, representa un «acto de justicia» que permitirá a muchas personas salir de la economía sumergida y garantizar sus derechos en el mercado laboral. Sin embargo, también subrayó la hipocresía que rodea a la cuestión, señalando que, a menudo, se hacen discursos sobre cohesión social que contradicen la falta de acción en casos de explotación laboral.
García subrayó que el Gobierno Vasco no está dedicando los recursos necesarios para la integración de los migrantes y permite que avancen discursos negativos hacia ellos. «Frente a quienes quieren construir una Euskadi de miedo, queremos construir una Euskadi diversa, inclusiva y plural que garantice derechos para todas las personas», afirmó. Además, consideró un error no incluir a los saharauis apátridas en el proceso de regularización, argumentando que esta omisión es un reflejo de la deriva política del PSOE.
Finalmente, García insistió en la importancia de la presión social para lograr cambios significativos, recordando que muchas de las medidas adoptadas no habrían sido posibles sin la acción colectiva. La secretaria general de Sumar se comprometió a seguir luchando para que la vivienda deje de ser un negocio exclusivo de unos pocos y se convierta en un derecho accesible para la mayoría, enfatizando que «cuando hay voluntad política, se puede intervenir» y que en Euskadi «falta voluntad política».
