Las discrepancias entre las instituciones vascas en torno a la regulación de los vehículos de la multinacional Uber han cobrado protagonismo en los últimos días. A pesar de la pausa ocasionada por las festividades, las discusiones se reanudan hoy, centrando la atención en la falta de una autoridad clara para inspeccionar y sancionar a estos vehículos que llevan más de un mes circulando por las calles de Gipuzkoa. La situación ha generado un intercambio de responsabilidades entre el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Bizkaia.
La consejera María Ubarretxena ha mostrado su preocupación respecto a la respuesta del ejecutivo foral de Bizkaia, la cual elude su responsabilidad en la gestión de Uber. Según el departamento de Movilidad de Donostia, este organismo tiene la competencia para sancionar infracciones en sus carreteras, incluso cuando las autorizaciones provienen de otras regiones. La consejera ha defendido el “principio de territorialidad” y ha manifestado que generar controversias en cuestiones que hasta ahora han sido pacíficas no es deseable.
En la capital guipuzcoana, las autoridades municipales sostienen que es obligación de la Diputación sancionar a Uber. Sin embargo, desde la Diputación de Gipuzkoa se recuerda que la policía local tiene la capacidad de controlar la actividad de estos vehículos, así como sancionar si detectan servicios inadecuados. La diputada de Movilidad Sostenible, Azahara Domínguez, ha tendido la mano a los ayuntamientos para colaborar en la formación y asesoramiento de los agentes locales en caso de que se encuentren con situaciones irregulares.
La colaboración entre las instituciones se ha convertido en un tema central. La Diputación de Bizkaia ha afirmado que recibe informes de las policías locales sobre infracciones detectadas y que, a partir de ahí, se procede a instruir y sancionar. Tal como han indicado, este proceso se ha llevado a cabo sin generar controversias internas o externas. Sin embargo, también han recalcado que la postura del consistorio donostiarra no ha sido adecuada desde el punto de vista de la lealtad institucional y el respeto a las competencias de los demás.
La crítica hacia el Ayuntamiento de Donostia incluye el hecho de que se han suscitado debates innecesarios sin acudir previamente a los órganos de coordinación administrativa. Esta falta de comunicación ha sido señalada en reiteradas ocasiones por el alcalde, Jon Insausti, quien ha solicitado que se convoque una reunión para abordar estas cuestiones, aunque dicha convocatoria aún no ha tenido lugar.
El futuro de la regulación de Uber en Gipuzkoa sigue en el aire, y la falta de una respuesta clara y unificada entre las instituciones vascas podría complicar la situación. A medida que las conversaciones continúan, será fundamental que se establezcan protocolos claros que definan las responsabilidades de cada entidad en la regulación de estos vehículos. La evolución de este asunto podría tener repercusiones significativas en la movilidad urbana y en la relación entre las diferentes administraciones en la comunidad autónoma.
