El Gobierno Vasco ha tomado la decisión de otorgar el tercer grado penitenciario a Juan Carlos Iglesias Chouzas, conocido como Gadafi, quien fue condenado por múltiples crímenes, incluyendo el asesinato del niño Fabio Moreno en 1991 en Erandio, Vizcaya. Este individuo formaba parte del «comando Vizcaya» y está vinculado a la ejecución de aproximadamente 20 asesinatos, acumulando condenas que superan los mil años de prisión.
Además, se ha confirmado que el régimen de semilibertad también se extiende al etarra Eneko Gogeaskoetxea, quien desempeñó un papel crucial en el aparato logístico de la banda terrorista que intentó asesinar al Rey Juan Carlos. Estas decisiones fueron comunicadas por fuentes del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco el jueves pasado.
En el caso de Iglesias Chouzas, su situación no es nueva. En octubre de 2025, ya se le había concedido este beneficio, aunque posteriormente fue impugnado por la Fiscalía y revocado por un juez especializado en vigilancia penitenciaria. Actualmente, se encuentra en el centro penitenciario de Basauri, en Bizkaia.
La concesión de estos regímenes ha suscitado una fuerte reacción por parte del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que considera que se trata de una «nueva muestra de amnistía encubierta». Esta organización ha expresado su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno Vasco esté facilitando la semilibertad a condenados por delitos de terrorismo graves sin que exista un arrepentimiento auténtico y verificable. Según Covite, esto no solo representa un desafío a la memoria de las víctimas, sino que también pone en entredicho la justicia.
El debate sobre la concesión de beneficios penitenciarios a condenados por terrorismo en Euskadi es recurrente y polarizador. Muchas voces en la sociedad vasca consideran que es crucial establecer un marco claro que garantice que tales decisiones se tomen con base en principios de justicia y respeto a las víctimas. La concesión del tercer grado a individuos como Gadafi y Gogeaskoetxea plantea interrogantes sobre la estrategia del Gobierno Vasco en la gestión de la memoria histórica y la reconciliación en una región que ha vivido décadas de violencia.
A medida que avanza el proceso de paz y reconciliación en el País Vasco, es fundamental que se mantenga un equilibrio entre el respeto a los derechos humanos de los internos y la necesidad de reconocer y honrar a las víctimas del terrorismo. Estos acontecimientos reflejan la complejidad del tema y la continua necesidad de diálogo en la sociedad vasca.
La situación actual también invita a reflexionar sobre el futuro de la política penitenciaria en Euskadi, especialmente en relación con la Copa del Rey de la que se ha hablado en los últimos días como un símbolo de unidad y celebración. Es esencial que el Gobierno Vasco actúe con transparencia y compromiso hacia la justicia, de modo que se evite cualquier percepción de impunidad que pueda afectar el tejido social de la región.
En conclusión, la reciente decisión sobre el régimen penitenciario de estos condenados resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que no solo contemple los derechos de los internos, sino que también honre la memoria de las víctimas. La situación sigue siendo delicada y requiere atención continua por parte de instituciones y sociedad civil.
