María, una joven de 25 años y madre soltera, se ha desplazado al barrio de Otxarkoaga en Bilbao para visitar a familiares que residen en un edificio de viviendas sociales. Actualmente vive con sus padres en Portugalete y lleva meses esperando recibir un piso de alquiler social. «Trabajo en lo que puedo, pero con el niño es difícil. No tengo ni para alquilar una casa», comenta. Durante la conversación, menciona que en su zona hay muchas casas vacías, incluyendo un inmueble en el número 30 de la calle Txotena, que lleva meses sin adjudicar, a pesar de la necesidad habitacional existente.
La situación descrita por María no es aislada; se refleja en muchos otros edificios sociales en Bizkaia, especialmente en Bilbao. En Atxuri, por ejemplo, hay un bloque donde se han encontrado numerosos pisos cerrados. Youssef, un residente del lugar, indica que el piso contiguo a su hogar ha estado deshabitado por un tiempo considerable y alerta sobre la instalación de alarmas en los inmuebles vacíos. «Algunos de esos pisos, que tienen puertas blindadas, también han sido ocupados, y son los que generan más problemas», añade.
Según datos del Gobierno Vasco, actualmente hay instaladas «poco más de 300 puertas» antiintrusión en Euskadi. Aunque no se dispone de cifras específicas sobre cuántas se encuentran en Bizkaia, se sabe que, a 31 de diciembre de 2025, más de la mitad de los hogares sociales desocupados pertenecientes al Gobierno Vasco, gestionados por la sociedad pública Alokabide, están en este territorio. Esto se traduce en 112 pisos de un total de 220, sin incluir los del programa Bizigune, que son cedidos por particulares.
El Ejecutivo autonómico señala que estas puertas se colocan de manera transitoria, durante los plazos de cambio de inquilinos. A través del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, se busca transmitir un mensaje de gestión responsable, destacando que Alokabide gestiona en total «17.515 viviendas». Se subraya la importancia de que la sociedad pública se encargue de acondicionar los diferentes parques residenciales, lo que puede requerir tiempo dependiendo del estado de cada vivienda.
Sin embargo, la instalación de puertas antiokupación no ha eliminado los intentos de ocupación. Varios vecinos de Otxarkoaga y Atxuri comentan que a pesar de estas medidas, «todas las semanas» hay intentos de ocupación. Muchos justifican este fenómeno, argumentando que es preferible okupar que vivir en la calle o esperar años por un piso. «¿Cómo es posible que haya pisos que lleven meses vacíos con la necesidad que hay de vivienda?», cuestiona María.
Por otro lado, algunos residentes critican a quienes acceden a las viviendas de forma ilegal, ya que muchos de estos okupas «destrozan las zonas comunes» y generan problemas en la convivencia. Esto se ha observado en Santurtzi, donde los vecinos han denunciado actos de vandalismo e inseguridad en un bloque de viviendas con varios pisos okupados. «Mis vecinos ni se preocupan por sacar la basura. La dejan en el pasillo y, si les dices algo, se vuelven violentos», lamenta un residente.
Con respecto a la ocupación, Miguel, un joven de Otxarkoaga, considera que «la mejor opción» es okupar. Relata que, en una ocasión, ocupó una vivienda privada y el propietario le pagó 7.000 euros para que se marchara. Aunque actualmente no necesita hacerlo, afirma que, si tuviera un hijo, optaría por una vivienda pública y alegaría «vulnerabilidad» para conseguir estabilidad. Según datos del Gobierno Vasco, hay pisos públicos que llevan okupados en Barakaldo desde 2019 y en Bilbao desde 2020, y el Ejecutivo ha gastado unos 22.500 € en el IBI y la basura de estas viviendas usurpadas.
Fuentes especializadas informan que existen casos donde okupas logran entrar a viviendas protegidas, incluso cuando estas cuentan con medidas de seguridad. «Forzar una puerta blindada es difícil, pero no imposible», advierte un experto. Este problema se agrava porque, una vez que los intrusos se establecen, los procesos de desalojo pueden alargarse considerablemente. Además, en muchas de estas propiedades se pueden ver carteles que indican que están protegidas por sistemas de alarmas, cuya instalación puede costar entre 500 y 3.000 €, dependiendo de los servicios contratados.
A pesar de las medidas que se están implementando, la realidad de las viviendas vacías y la demanda habitacional sigue siendo un desafío en la región. La situación exige un análisis más profundo y un enfoque que priorice la efectividad en el uso del parque de Vivienda social, asegurando que cumpla con su función social y se destine adecuadamente a quienes realmente lo necesitan.
