Birama Thiaré se encuentra en la oficina de Correos de Donostia, esperando con un leve nerviosismo mientras escucha música. Este joven senegalés de 24 años está a punto de iniciar un trámite crucial para su regularización, después de haber obtenido un certificado de vulnerabilidad en el Ayuntamiento de Elgoibar. «Me ha costado lo suyo», admite, reconociendo que este documento había sido hasta ahora un obstáculo en su proceso.
Thiaré respira más tranquilo tras enterarse de que el sistema de regularización que ha estado colapsado comienza a mejorar, como señala Patricia Viviana Ponce, directora de Haurralde Fundazioa. Este cambio ha sido posible gracias al aumento del número de entidades sociales registradas para colaborar en procesos de extranjería, que han pasado de 22 a 38 en el País Vasco, con nueve de ellas ubicadas en Gipuzkoa. Esta expansión está permitiendo «ampliar la capacidad de atención y acompañamiento».
El Ayuntamiento de Donostia ha inaugurado una oficina temporal en la plaza Arroka, en el barrio de Amara, para facilitar la tramitación de certificados de vulnerabilidad. Durante su apertura, se expidieron 82 de estos documentos. Uno de los motivos por los que esta medida es tan importante es la creciente afluencia de personas que buscan apoyo en los servicios sociales.
Entre las personas que esperan, se encuentra Julieta Orellana, una argentina de 20 años que también busca su certificado. «Es muy complicada la vida en situación irregular», dice, mencionando la incertidumbre que vive, especialmente en lo que respecta al trabajo. Orellana vive en un piso compartido con diez personas y ha tenido que recurrir a un abogado para ayudarla en el proceso. «Cuando se aprobó el Real Decreto, nadie tenía ni idea de cómo obtener el certificado de vulnerabilidad», explica.
La situación en Gipuzkoa ha llevado a que muchos ayuntamientos se involucren activamente en la regularización de personas en situación irregular. La apertura de oficinas temporales y el incremento de recursos han sido claves para desbloquear este proceso. La directora de Haurralde Fundazioa destaca que el empeño de los servicios sociales municipales ha permitido aliviar una carga que hasta ahora recayó casi exclusivamente en las entidades sociales.
En Irun, por ejemplo, se han tramitado más de 400 solicitudes del certificado de vulnerabilidad en una semana. La normativa establece que este documento es universal para todos aquellos que pueden demostrar su situación a través del padrón o que cuentan con un técnico de referencia en los servicios sociales. El Ayuntamiento ha asegurado que se destinarán los recursos necesarios para garantizar la agilidad y las suficientes garantías en el proceso.
El caso de Thiaré es un reflejo de la situación de muchas personas vulnerables en la provincia. Con 26.000 personas en situación irregular en Gipuzkoa, el joven espera poder avanzar en su vida laboral. «Estoy estudiando un curso de mecanizado. Llevo casi tres años aquí y sin un permiso de trabajo es muy complicado», agrega, imaginando un futuro en alta mar, como hacía en su Senegal natal. «Siempre hablo con mi familia. Ellos confían en mí, aunque sea complicado abrirse paso», concluye mientras sostiene su documentación con determinación.
