La huelga de médicos en Osakidetza ha tenido un impacto significativo en el sistema sanitario vasco, provocando la cancelación de aproximadamente 300.000 citas y la suspensión de cerca de 8.000 operaciones en los primeros meses del año. En el ámbito de la Atención Primaria, más de 150.000 consultas no se han llevado a cabo, mientras que en los hospitales, alrededor de 145.000 pacientes no han sido atendidos por especialistas durante este periodo. Además, cerca de 60.000 pruebas complementarias han sido imposibles de realizar.
Ante esta situación, el Gobierno Vasco, a través del departamento de Trabajo y a instancia del Servicio Vasco de Salud, ha decidido incrementar los servicios mínimos para intentar mitigar las consecuencias de esta nueva serie de paros que comenzó el pasado 20 de enero. Este ajuste ha modificado los servicios mínimos, elevándolos a niveles equivalentes a un día sábado, lo que permite que más médicos atiendan a los pacientes ingresados, revisen tratamientos y evalúen la evolución de los mismos.
El ajuste en los servicios mínimos ha generado críticas entre los profesionales de la salud. Elena Del Val, delegada de Médicos Unidos por sus Derechos (MUD), expresó su descontento al afirmar que la comunicación sobre estos cambios fue «in extremis» y sin el tiempo suficiente para que los sindicatos pudieran presentar alegaciones al respecto. Según los informes de Osakidetza, el seguimiento de la huelga durante la mañana alcanzó el 16,02% en toda la red, mientras que en Gipuzkoa subió al 16,27%.
Con la huelga en su tercera semana, los médicos han hecho un llamado al presidente Pedro Sánchez para que medie en el conflicto con el sistema de salud. El Comité de Huelga, que incluye al Sindicato Médico de Euskadi (SME), ha solicitado, mediante carta, que el líder del Ejecutivo asuma la responsabilidad de la negociación entre las partes involucradas. En este contexto, los médicos consideran que el conflicto ha alcanzado un punto crítico y que no habrá solución sin una verdadera negociación.
Los representantes de los médicos subrayan que la situación actual no puede sostenerse a base de un «sobreesfuerzo permanente», resaltando la precariedad estructural y el deterioro de las condiciones laborales en el sector. A su juicio, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha perdido su validez como interlocutora, debido a la falta de avances en las negociaciones y a su evidente desgaste político.
El Comité de Huelga ha exigido la intervención directa del presidente del Gobierno, solicitando que tome «el control político» de la crisis y facilite una negociación real. Aseguran que no se puede legislar en contra de los médicos mientras se defiende la sanidad pública. «Defender a los médicos es defender la sanidad pública», afirman, y piden la apertura de un diálogo serio y sin líneas rojas que conceda a los profesionales condiciones dignas para ejercer su labor.
Recientemente, los médicos volvieron a salir a las calles para manifestar sus demandas. La principal protesta en Euskadi tuvo lugar frente al Hospital Donostia, donde un centenar de facultativos se reunieron para exigir mejoras en sus condiciones laborales y avanzar hacia un Estatuto Marco propio. Del Val destacó la necesidad de establecer una verdadera negociación a nivel estatal que permita abordar sus justas reivindicaciones.
Entre sus demandas, los facultativos proponen la creación de un nuevo sistema de clasificación profesional que tome en cuenta los créditos universitarios y la experiencia laboral. También reclaman que la jornada laboral no exceda las 35 horas, incluyendo guardias, y que se reconozca la medicina como una profesión de riesgo por su naturaleza. Asimismo, piden establecer límites de presión asistencial asumibles y que la jubilación sea voluntaria y sin penalización a partir de los 60 años, aunque contemplan que aquellos que deseen seguir trabajando en la sanidad pública puedan hacerlo hasta los 70.
