La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, ha defendido recientemente las excarcelaciones de los presos de ETA, argumentando que estas se basan en un enfoque de «reinserción responsable y condicionada al cumplimiento de todos los exigentes requisitos legales». En su intervención, destacó que tales decisiones no comprometen ni los principios de justicia, ni el respeto hacia las víctimas del terrorismo.
Desde que se instauró la coalición entre el PNV y el PSE en el País Vasco, se han otorgado 48 resoluciones favorables a presos de ETA en un periodo de cuatro años. El más reciente de estos casos fue el de Jon Bienzobas Arretxe, condenado por el asesinato del catedrático y expresidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente.
San José subrayó que el marco legal se aplica de manera equitativa a todas las personas privadas de libertad y se rige por requisitos específicos para delitos de terrorismo. Estas afirmaciones surgen en respuesta a las críticas del Partido Popular (PP), que han cuestionado el trato diferenciado que, según ellos, reciben ciertos internos en el sistema penitenciario vasco. La consejera también aseguró que las políticas del Gobierno Vasco están alineadas con los procedimientos judiciales y las normativas vigentes.
Sin embargo, estas justificaciones se han visto empañadas por la reciente oposición de la Fiscalía a la concesión del tercer grado a la exdirigente etarra Soledad Iparraguirre, conocida como Anboto. Este organismo acusó al gobierno de Imanol Pradales de llevar a cabo una «conversión encubierta» para beneficiar a la exterrorista, lo que contradice las afirmaciones de San José sobre la neutralidad del proceso. Las decisiones de excarcelación han generado un debate intenso sobre el respeto a la ley y la protección de los derechos de las víctimas.
La consejera ha declarado que se están implementando mayores exigencias en cuanto a la reparación, el reconocimiento y la deslegitimación, condiciones necesarias que deben cumplirse en cada caso. Además, mencionó que «el contexto ha cambiado de forma sustancial» tras «15 años sin terrorismo». En este sentido, afirmó que el desafío de las instituciones es fomentar la convivencia y garantizar la memoria de las víctimas, al tiempo que se avanza en procesos de reinserción.
El parlamentario del PP, Santiago López, ha denunciado en el Parlamento Vasco la tendencia a favorecer a «los presos más criminales y más sanguinarios de ETA». Según López, hay una aceleración notable en las concesiones penitenciarias, destacando que en mayo de 2025, de 35 concesiones, 30 fueron a parar a miembros de la banda terrorista. Este ritmo, que se traduce en casi dos resoluciones favorables al mes, ha creado un clima de preocupación entre diversos sectores de la sociedad vasca.
Las críticas hacia el gobierno no se limitan a la concesión del tercer grado, sino que también apuntan a una supuesta tergiversación de la ley. López ha afirmado que la consejera «desnaturaliza la institución y vulnera frontalmente el principio de progresividad, especialmente en delitos de terrorismo». Esta tensión ha llevado a un debate sobre la validez de las decisiones tomadas en el marco de la actual coalición gubernamental.
En medio de este panorama, la figura de María Jesús San José se encuentra en el centro de la controversia, con sus políticas de excarcelación siendo vistas como un intento de conciliar a diversas facciones políticas y de la sociedad. Sin embargo, la inquietud sobre el impacto de estas decisiones en la seguridad y en el respeto a las víctimas continúa siendo un tema candente en la agenda política del País Vasco.
