Este martes, la ciudad de Vitoria se ha visto inundada de recuerdos y homenajes, con miles de personas que han salido a la calle para conmemorar el 50 aniversario de la masacre ocurrida el 3 de marzo de 1976. Organizada por la asociación de víctimas Martxoak 3 y los sindicatos ELA, LAB, ESK y Steilas, la manifestación ha tenido como objetivo recordar a los cinco trabajadores que perdieron la vida a manos de la Policía Armada durante un desalojo en la iglesia de San Francisco de Asís. La convocatoria ha sido un poderoso recordatorio de que estos sucesos no han caído en el olvido.
En la manifestación, que comenzó en la Catedral Nueva, se desplegó una pancarta con el lema “Contra la impunidad, justicia, verdad y reparación”. Este acto ha servido de punto culminante a una serie de actividades que han tenido lugar en la sociedad alavesa en las últimas semanas. En la Plaza de la Virgen Blanca, se pudo escuchar parte del discurso histórico de Jesús Fernández Naves, un líder de las huelgas de Vitoria ya fallecido, quien destacó que “estos muertos son nuestros, son de todo el pueblo de Vitoria”.
La jornada ha comenzado en la iglesia de San Francisco de Asís, declarada lugar de memoria por el Gobierno Vasco. Allí, se han realizado ofrendas florales en presencia de representantes políticos de diversos partidos, exceptuando a Vox. Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han exigido la “desclasificación” de todos los documentos relacionados con los eventos del 3 de marzo, similar a lo que se ha realizado con otros episodios históricos.
Durante el acto institucional celebrado en el Palacio de Villa Suso, el lehendakari Imanol Pradales advirtió que “mientras no se esclarezca lo ocurrido y se juzgue a los responsables, estaremos ahondando en la revictimización”. En toda la ciudad, los ciudadanos han mostrado su apoyo, acercándose de forma anónima a recordar a los obreros asesinados y a revivir el dolor de aquel trágico día.
Entre las voces que han recordado la masacre, José María Quirce, de 85 años, ha expresado su dolor al recordar que los responsables nunca enfrentaron consecuencias por sus acciones. La emoción también se ha hecho presente en las palabras de José María Aguirre, quien, en un homenaje de la asociación Gurea Da, ha reivindicado el papel de muchos sacerdotes que apoyaron a los huelguistas: “Nuestro planteamiento era apoyar las libertades políticas y sindicales”.
El 3 de marzo de 1976, unas 4.000 personas se reunieron en la iglesia de San Francisco para llevar a cabo una asamblea en el marco de una jornada de huelga general. A pesar de que Franco había fallecido, el franquismo aún mantenía su influencia en la sociedad. La represión había sido intensa en las semanas previas al evento, y ese día, la policía recibió órdenes de desalojar la iglesia a toda costa.
El ambiente se tornó caótico cuando, tras la entrada de la policía y el lanzamiento de gases lacrimógenos, los asistentes comenzaron a huir por las ventanas de la iglesia. Este trágico suceso resultó en la muerte de cinco jóvenes obreros: Francisco Aznar, Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda. Más de un centenar de personas sufrieron heridas, 42 de ellas por disparos de bala. “Aquí ha habido una masacre, pero, de verdad, una masacre”, se escuchaba en las conversaciones de la policía.
A pesar de que han pasado cinco décadas, la lucha por la justicia continúa. La asociación de víctimas Martxoak 3, fundada por los familiares de las víctimas, sigue reclamando responsabilidades y una revisión del caso, que fue cerrado en falso en 1977. Actualmente, se espera un nuevo intento de reactivar la causa en Argentina contra los crímenes del franquismo, que han sido calificados como de lesa humanidad.
El dolor y la lucha por la memoria persisten, como lo demuestra el hecho de que 31 víctimas han recibido una declaración de reconocimiento y reparación personal por parte del Gobierno Vasco, acogiéndose a la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, la asociación de víctimas sostiene que esto es insuficiente y continúa exigiendo un “reconocimiento oficial de la responsabilidad principal y directa del Estado” en las muertes de Vitoria.
