Los trabajadores de Tubos Reunidos han expresado su oposición al ERE que contempla la reducción de 301 empleos en las plantas de Amurrio y Trapagaran. La protesta tuvo lugar frente a la delegación del Gobierno Vasco en Bilbao, donde los manifestantes, armados con pancartas, exigieron medidas que salvaguarden el empleo en la empresa.
Durante la manifestación, los operarios realizaron un ruidoso acto que incluyó gritos, explosiones de petardos y consignas como «dirección, dimisión» y «borroka da bide bakarra» (la lucha es el único camino). Esta movilización coincide con la penúltima reunión de la mesa negociadora del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), en la que participan representantes de la dirección y de los sindicatos.
La plantilla de la planta alavesa de Amurrio ha secundado una huelga convocada por el comité, mientras que en Trapagaran, la huelga ha sido respaldada únicamente por los sindicatos ESK y LAB. Aunque el seguimiento de esta última ha sido limitado, se han llevado a cabo piquetes informativos en las cercanías de la factoría.
En un claro intento de llamar la atención sobre su situación, cientos de trabajadores se concentraron desde primeras horas de la mañana frente al Palacio Euskalduna. Posteriormente, marcharon hacia la delegación del Gobierno Vasco en la Gran Vía de Bilbao.
Responsabilidad del Gobierno Vasco
Los manifestantes han demandado una mayor implicación del Gobierno Vasco en la resolución de la crisis que enfrenta Tubos Reunidos. En palabras del representante del sindicato LAB, Rogelio Hinojosa, «pedimos al Gobierno Vasco implicación porque hay dinero público que se ha inyectado a esa empresa».
Hinojosa también cuestionó las condiciones que permitieron que ese dinero público se destinara a la compañía, resaltando la contradicción de que ahora se busquen externalizar las pérdidas. «¿Qué condiciones se han dado para que ese dinero público acabe en esa empresa y ahora se socialicen las pérdidas?», se preguntó.
El representante sindical subrayó que el plan de viabilidad presentado por Tubos Reunidos «pasa sí o sí por echar a la gente». En este sentido, insistió en que las instituciones deben estar atentas en situaciones como esta, haciendo hincapié en que el Gobierno Vasco tiene una «parte de responsabilidad» en el asunto.
La situación de Tubos Reunidos y sus trabajadores refleja un contexto más amplio en el que las empresas enfrentan desafíos económicos significativos. La intervención pública y el uso de recursos del Estado se convierten en temas centrales en las negociaciones laborales, especialmente cuando se trata de evitar despidos masivos.
Con el ERE en marcha y la incertidumbre sobre el futuro de la empresa, la presión sobre el Gobierno Vasco para actuar se intensifica. Los trabajadores han dejado claro que no están dispuestos a aceptar decisiones unilaterales que pongan en riesgo su empleo y el sustento de sus familias.
A medida que se desarrollan las negociaciones, la atención sobre Tubos Reunidos y su futuro se mantendrá en el centro del debate, no solo entre los trabajadores y la empresa, sino también en la esfera política, donde la responsabilidad del Gobierno Vasco será un tema crucial para los próximos días.
