El Gobierno Vasco ha concedido este jueves el tercer grado penitenciario a dos presos de ETA, Juan Carlos Iglesias Chouza, conocido como Gadafi, y Eneko Gogeaskoetxea Arronategi. Esta decisión se produce menos de un año después de que se les otorgara previamente este mismo régimen, que fue revocado por la Audiencia Nacional tras un recurso interpuesto por la Fiscalía. La medida permitirá que ambos reclusos solo tengan que regresar a prisión de lunes a jueves, siempre y cuando el ministerio público no se oponga nuevamente a su semilibertad.
Gogeaskoetxea, condenado a más de 350 años por diversos delitos, incluido el asesinato del ertzaina Txema Aguirre, fue clasificado en tercer grado por primera vez en junio del año pasado. Sin embargo, la Fiscalía argumentó que esta decisión era “precipitada”, y el juez de Vigilancia Penitenciaria la anuló. Por su parte, Gadafi, que cumple una condena de más de 1.100 años por más de 20 atentados, también había visto revocada su semilibertad en octubre de 2025. Desde entonces, ambos han continuado en segundo grado, que es el régimen ordinario que abarca a aproximadamente el 75% de los reclusos en España.
La reciente decisión del Ejecutivo, liderado por la consejera María Ubarretxena, se basa en una evaluación de la evolución positiva de ambos prisioneros. En el caso de Gogeaskoetxea, se ha destacado su “favorable evolución” en prisión, su contacto con familiares y su oferta laboral fuera de la cárcel. Además, ha recibido 14 permisos en el último año sin incidentes y ha escrito cartas de perdón a sus víctimas. En una de ellas, subraya: “Entiendo que el reconocimiento y la reparación del dolor de las víctimas de la violencia debe ser un elemento central necesario para un futuro en paz en el País Vasco”.
Respecto a Iglesias Chouza, su expediente resalta que ha hecho un “buen uso” de los 17 permisos de salida que le han sido otorgados en el último año. Se menciona que participa de forma “correcta” en las actividades dentro de prisión y que cuenta con el apoyo de una familia bien estructurada. En una carta dirigida a las víctimas, expresa su dolor por las pérdidas ocasionadas: “Desde lo más profundo de mi ser desearía que todas esas personas entendieran que siento de veras el dolor que han padecido”.
La controversia en torno a la concesión del tercer grado se acentúa por las críticas del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que califica de “fraudulentas” las semilibertades y solicita a la Fiscalía que se oponga a ellas. La decisión se produce en un contexto en el que el juez José Luis Castro había anulado recientemente otras dos semilibertades. En este caso, se refería a la exjefa de ETA María Soledad Iparraguirre Guenechea, Anboto, y a Juan Ramón Carasatorre Aldaz, condenado por varios asesinatos, incluida la del concejal del PP Gregorio Ordóñez.
El magistrado criticó la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario por parte del Gobierno Vasco, el cual permite a prisioneros en segundo grado acceder a beneficios destinados a aquellos en tercer grado. La interpretación del juez sugiere que este uso podría distorsionar el propósito real de tales disposiciones, planteando la necesidad de revisar su aplicación para evitar la trivialización de medidas de reinserción.
La concesión del tercer grado a Gogeaskoetxea y Gadafi reabre el debate sobre la política penitenciaria en el País Vasco, donde las decisiones relacionadas con la reinserción de los reclusos de ETA generan profundas divisiones. La reacción de la sociedad y, en particular, de las víctimas, será crucial para el futuro de estas medidas, en un contexto marcado por la búsqueda de un equilibrio entre justicia y reconciliación.
